DEV Community: Andres R

Del micrófono al territorio: la locución popular como defensa ambiental

Andres R — Mon, 10 Aug 2026 17:00:50 +0000

Publicado originalmente en Eduqueros.

El libro Speakers, presentado en la sede de Argentores según reportó LA17, recorre las voces que forjaron la locución argentina. Pero más que un ejercicio de nostalgia, esta obra nos interpela sobre el presente: ¿quiénes son los grandes speakers de la Argentina actual? No están en las FM comerciales ni en los estudios de la televisión porteña; están en las radios comunitarias que, montaña adentro o en los barrios periféricos, defienden el territorio con la herramienta más antigua: la palabra.

La voz como instrumento de la organización popular

La historia de la locución en nuestro país no es un mero catálogo de estilos microfónicos. Es, ante todo, una historia política. Desde las primeras transmisiones de radio en la década del 20, el Estado y los sectores populares disputaron el éter. Perón lo entendió mejor que nadie: el micrófono era un puente directo con el pueblo trabajador. Las grandes movilizaciones obreras se cocinaban al calor de las radios sindicales, y la voz del locutor era la chispa que encendía la conciencia colectiva. Esa tradición de comunicación popular no murió con la llegada de la televisión ni con la concentración mediática de los 90; mutó y se refugió en las trincheras comunitarias.

Radios comunitarias: los micrófonos de la resistencia ambiental

Si hoy querés escuchar la verdad sobre lo que pasa en los territorios, no sintonices las grandes cadenas. Prendé la FM del pueblo, la que transmite desde una cooperativa o una asamblea vecinal. En Mendoza, las radios comunitarias son las únicas que informan sobre la contaminación del agua por la minería a cielo abierto. En Chubut, denuncian el avance de las topadoras sobre tierras mapuches. En el Delta del Paraná, son la voz de los isleños que ven arder los humedales mientras los agronegocios expanden la frontera ganadera. El libro Speakers probablemente no las menciona, pero ellas son la continuidad histórica de aquella locución que nació para servir al pueblo, no al rating. La comunicación es territorio, y cada micrófono encendido en una zona de sacrificio es un acto de soberanía.

El Estado y la comunicación: una deuda con la democracia

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada en 2009, fue un hito de la democracia argentina. Reservó el 33% del espectro para medios sin fines de lucro y reconoció a las radios comunitarias como actores fundamentales del sistema. Sin embargo, esa conquista fue sistemáticamente desmantelada durante el macrismo y hoy, bajo el gobierno de Milei, el desfinanciamiento y la desregulación amenazan con silenciar cientos de emisoras. El argumento del ajuste esconde una decisión política: acallar las voces que incomodan al poder extractivista. Porque cada vez que una radio comunitaria denuncia un derrame de cianuro o la fumigación ilegal con agrotóxicos, está ejerciendo un derecho humano. El Estado tiene la obligación de garantizar ese derecho, no de asfixiarlo con impuestos y trabas burocráticas.

Extractivismo y silenciamiento: cuando las topadoras callan voces

El modelo extractivista no solo arrasa cerros y envenena ríos; también produce un meticuloso vaciamiento informativo. Las mineras financian radios locales que difunden sus bondades, los sojeros compran espacios de publicidad para imponer su relato, y los periodistas que investigan son amenazados o despedidos. En ese ecosistema de desinformación, las radios comunitarias se vuelven el último bastión de la verdad territorial. Pero necesitan un marco legal que las proteja, recursos para equipamiento y capacitación, y una sociedad que las defienda como propias. La discusión sobre la Ley de Humedales, la transición energética justa o la propiedad comunitaria indígena no puede darse de espaldas a quienes viven en esos territorios. Y esas voces solo llegan al resto del país a través de los parlantes de una FM barrial.

La locución popular es soberanía

El libro Speakers nos recuerda que la palabra tiene historia y que esa historia es colectiva. Los grandes locutores del pasado no construyeron su prestigio en soledad; fueron la expresión de un proyecto nacional que buscaba integrar a las mayorías. Hoy, el desafío es similar pero en clave ambiental: necesitamos una comunicación que desnude el saqueo, que le ponga nombre a los responsables y que articule las resistencias. La locución popular no es un oficio menor; es una trinchera. Y en un país donde la naturaleza se vende al mejor postor, defender el territorio es defender la voz que lo habita.

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La luz azul del Congreso no tapa el rojo fiscal de las provincias

Andres R — Mon, 10 Aug 2026 17:00:44 +0000

Publicado originalmente en Justicia Liberal.

La postal azul y el recuerdo de mi viejo

Anoche, mientras scrolleaba distraído, me crucé con la noticia: el Congreso se iluminó de azul para celebrar la autonomía de Chaco y La Pampa. Según Diario Norte, el gesto conmemoró el 75° aniversario de que ambas dejaran de ser territorios nacionales para convertirse en provincias. Imposible no acordarme de mi viejo, que cada vez que escuchaba la palabra “autonomía provincial” repetía, con su ironía de almacenero jubilado: “Son como los adolescentes, piden independencia pero después lloran por la mensualidad”. La imagen del Palacio Legislativo teñido de azul me pareció linda, pero enseguida me pregunté: ¿de qué autonomía estamos hablando realmente?

La trampa de la coparticipación: autonomía de cartón

La Constitución Nacional, en su artículo 1, adopta la forma federal de gobierno. Ese diseño, que tanto defendieron Alberdi y los constituyentes del 53, suponía provincias dueñas de su destino, con recursos propios y la libertad de administrarse sin pedir permiso a Buenos Aires. Sin embargo, la historia argentina torció ese ideal. Hoy, la mayoría de las provincias no sobrevive sin la coparticipación federal de impuestos, un sistema que reparte plata de todos los argentinos con criterios más políticos que técnicos.

Chaco y La Pampa no son la excepción. Aunque sus banderas flameen orgullosas, sus cuentas están atadas al goteo automático de la AFIP. No es ningún secreto: en promedio, más del 60% de los ingresos totales de las provincias argentinas proviene de transferencias nacionales. En el caso chaqueño, el empleo público representa más del 30% del empleo total —según datos del INDEC—, una muestra clara de una economía que no produce lo suficiente para sostenerse sola. Iluminar el Congreso de azul es un homenaje a la fecha patria, pero también un recordatorio incómodo: la autonomía de verdad empieza cuando dejás de pedirle plata a papá.

Competencia fiscal: el motor que nos falta

Los que leímos a Hayek sabemos que el federalismo no es solo una división de poderes, sino un mecanismo de descubrimiento. Cuando las provincias compiten entre sí, bajan impuestos, mejoran servicios y atraen inversiones. Es el famoso “voto con los pies” de Tiebout: si un distrito se vuelve inviable, la gente y las empresas se mudan. Eso obliga a los gobiernos locales a ser eficientes, a no derrochar, a cuidar el bolsillo del contribuyente.

Pero en Argentina, la coparticipación mató esa competencia. Las provincias no necesitan seducir a nadie porque reciben cheques automáticos, gordos y sin condiciones. Así, la autonomía que celebramos se reduce a un ritual vacío: himno, acto protocolar y después a hacer cola en la ventanilla del Ministerio de Economía. La verdadera liberación provincial sería permitir que cada una recaude y administre sus propios impuestos, que decida su nivel de gasto y que asuma las consecuencias de sus decisiones. Mientras eso no ocurra, seguiremos iluminando edificios pero no iluminando la realidad fiscal.

El elefante en la habitación: el gasto público provincial

No todo es culpa del centralismo porteño. Las provincias han hecho de la “autonomía” un cheque en blanco para hinchar el Estado local. Chaco, por ejemplo, tiene una planta de empleados públicos que asfixia cualquier intento de desarrollo privado. Cada nuevo aniversario de la provincialización trae consigo más nombramientos, más cargos políticos, más cajas. Y lo mismo se repite en La Pampa, donde el Estado provincial es el principal empleador y la actividad privada pelea contra una maraña de regulaciones y burocracia.

Ese modelo no es autonomía, es clientelismo disfrazado de federalismo. La luz azul debería ser también un llamado de atención: no alcanza con recordar la fecha en que nos convertimos en provincia; tenemos que preguntarnos si estamos a la altura de lo que significa serlo. Porque una provincia que no genera riqueza genuina, que no cuida el mango, que no libera a sus ciudadanos de impuestos asfixiantes, no es autónoma: es una sucursal de la dádiva nacional.

¿Qué haría Alberdi?

Cuando Juan Bautista Alberdi escribió las Bases, imaginó provincias pujantes que compitieran por el progreso. No soñó con gobernadores que viajan a Buenos Aires a rogar por adelantos de coparticipación ni con legislaturas que aprueban presupuestos inflados con plata ajena. La autonomía que celebramos hoy necesita una cirugía mayor: menos dependencia fiscal, más responsabilidad local, y un Gobierno nacional que deje de comportarse como un cajero automático para los caprichos provinciales.

El gesto del Congreso iluminado es emotivo, lo concedo. Pero ojalá en los próximos aniversarios, además de luces de colores, veamos provincias con superávit fiscal, con sistemas impositivos simples, con sectores privados florecientes. Ahí sí valdrá la pena prender las luces. Hasta entonces, la autonomía seguirá siendo una deuda pendiente, tan azul como la bandera chaqueña, pero tan roja como sus números.

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Impuestos Argentina vs España: los datos que muestran quién te saca más del bolsillo

Andres R — Sun, 09 Aug 2026 17:00:46 +0000

Publicado originalmente en República Libre.

¿Por qué en Argentina se pagan más impuestos que en España a pesar de tener servicios públicos peores

La presión fiscal en Argentina ronda el 30% del PBI, similar a España, pero con servicios públicos de calidad muy inferior. El IVA general es 21% en ambos países, aunque en Argentina hay menos exenciones; Ganancias alcanza alícuotas de hasta 35% con un mínimo no imponible más bajo que el español; y las contribuciones patronales llegan al 27% sin la contraprestación de servicios eficientes. En resumen, el Estado argentino extrae más del bolsillo de los trabajadores y emprendedores y devuelve menos en infraestructura, salud y educación.

El mismo IVA que en España, pero sin las exenciones que protegen al consumidor

La alícuota general del IVA en Argentina es del 21%, igual que en España. La diferencia está en lo que queda afuera. Mientras que en España los alimentos básicos, los medicamentos y los libros tributan al 4% (tipo superreducido) y otros productos al 10%, en la Argentina casi todo lo que consumís a diario paga el 21% completo. La AFIP mantiene un listado mínimo de exenciones, y productos como la leche o el pan recién en 2024 empezaron a tener alguna devolución parcial, pero el grueso de la canasta familiar sigue bajo la tasa plena.

Eso significa que cada vez que vas al supermercado, el Estado argentino se lleva una porción mayor de tu gasto que el fisco español. La regresividad es brutal: quien menos tiene destina una proporción más alta de sus ingresos a consumos alcanzados por el IVA, y acá no hay alivio real. El mismo relato que te dice que en Europa te "expropian" ignora que acá el IVA te vacía el bolsillo sin que te des cuenta.

Ganancias: cuándo empezás a pagar y cómo te vacían el bolsillo

El Impuesto a las Ganancias en Argentina es un caso testigo de cómo el Estado castiga el mérito. A partir de 2024, un trabajador soltero empieza a tributar con ingresos anuales equivalentes a apenas $1,2 millones (unos USD 1.200 al tipo de cambio libre), mientras que en España el mínimo personal exento es de €5.550 anuales (unos USD 6.000). La alícuota máxima en Argentina es del 35%, que se alcanza con ingresos mucho más bajos que en España, donde el tipo marginal del 47% solo aplica para rentas superiores a los €300.000.

En criollo: acá te empiezan a descontar Ganancias cuando todavía no llegás a cubrir la canasta básica, y la progresividad es un chiste. La presión impositiva sobre el salario desalienta el esfuerzo individual y expulsa talento. No es casualidad que cada vez más profesionales jóvenes evalúen emigrar: en España, con un sueldo medio, pagás menos impuesto a la renta en términos reales y encima tenés servicios que funcionan.

Contribuciones patronales: el impuesto al trabajo que financia servicios rotos

Las cargas sociales sobre el empleador en Argentina llegan hasta el 27% del salario bruto, sumando jubilación, obra social, PAMI y ART. En España, las contribuciones a la Seguridad Social a cargo de la empresa rondan el 29,9% para contingencias comunes, más otros conceptos. La diferencia crucial no está tanto en el porcentaje —que es parecido— sino en lo que recibís a cambio.

En Argentina, esos aportes financian un sistema previsional quebrado, hospitales públicos sin insumos y una obra social que te da turnos para dentro de seis meses. En España, el sistema público de salud tiene cobertura universal y estándares de calidad muy superiores, y las jubilaciones, aunque presionadas por el envejecimiento, son más previsibles. El Estado argentino se lleva una porción similar de tu trabajo pero te devuelve migajas. Es la definición misma de instituciones extractivas: te cobran como en el primer mundo y te entregan servicios de república bananera.

Presión fiscal total: el mito de que España nos gana por goleada

Es cierto que, según la OCDE, la presión fiscal en España alcanzó el 38,4% del PBI en 2022, contra el 29,6% de Argentina. Pero ese número esconde dos trampas. La primera: en Argentina una parte enorme de la economía está en negro y no paga impuestos, lo que reduce artificialmente el denominador; si se midiera sobre la economía formal, la presión sería mucho mayor. La segunda: el gasto público argentino es de una ineficiencia monumental, con subsidios a la oferta, intermediarios y corrupción que se llevan buena parte de lo recaudado.

Además, la presión fiscal no es solo lo que pagás explícitamente: el impuesto inflacionario —la emisión monetaria que licúa tus ahorros— fue durante años el principal tributo encubierto de la Argentina. Eso no aparece en las estadísticas de la OCDE pero equivale a varios puntos del PBI. Cuando sumás todo, el Estado argentino te extrae de una manera u otra una porción comparable o mayor a la española, pero con una contraprestación deplorable.

Lo que el Estado te devuelve: infraestructura, salud y educación en ambos países

La comparación de servicios públicos es lapidaria. En España, el ciudadano medio accede a un sistema de salud que, con sus problemas, funciona; a una educación pública que rankea en pruebas PISA muy por encima de la argentina; y a una red de autopistas y trenes que conecta el país. En Argentina, después de pagar impuestos similares, te encontrás con hospitales sin gasas, escuelas que no abren por paros y rutas que son una trampa mortal.

El fracaso educativo es quizás el símbolo más claro: gastamos cerca del 6% del PBI en educación, un porcentaje similar al español, pero los resultados de aprendizaje están entre los peores de la región. El problema no es cuánto se gasta, sino cómo: el Estado argentino prioriza cargos políticos, subsidios sin control y burocracia antes que inversión genuina en capital humano. Mientras tanto, en España la inversión por alumno se traduce en mejor infraestructura y docentes mejor pagos.

El camino liberal: menos impuestos y más libertad para producir

La comparación con España no es para idealizar un modelo que también tiene sus excesos fiscales, sino para desmentir el relato de que acá pagamos poco. La Argentina necesita una reforma tributaria profunda que baje alícuotas, simplifique el sistema y elimine impuestos distorsivos como Ingresos Brutos. El programa económico de Milei apunta en esa dirección: reducción del gasto público, eliminación de impuestos y orden fiscal para que el sector privado respire.

Pero la batalla cultural es tan importante como la fiscal. Hay que dejar de naturalizar que el Estado te saque la mitad de lo que producís para devolverte servicios de cuarta. La libertad económica empieza por reconocer que cada peso que el fisco te retiene es un peso que no podés invertir, ahorrar o gastar en tu familia. La comparación con España muestra que no somos un paraíso de baja presión tributaria; somos un país donde el Estado te cobra como si vivieras en Europa y te presta servicios como si estuvieras en el Congo. Eso, señores, no es solidaridad: es confiscación disfrazada de progresismo.

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Bullrich y la ley contra K: el Senado que blindaba a CFK ahora aprobó Ficha Limpia

Andres R — Sun, 09 Aug 2026 17:00:40 +0000

Publicado originalmente en Justicia Liberal.

En qué consiste la ley de Ficha Limpia que impulsa Patricia Bullrich y cómo afecta a los políticos condenados por corrupción

La ley de Ficha Limpia prohíbe que personas con condena firme por delitos de corrupción sean candidatas a cargos electivos. Impulsada por la senadora Patricia Bullrich, busca cerrar el paso a dirigentes como Cristina Kirchner, condenada en la causa Vialidad, y fortalecer la calidad institucional.

El mismo Senado que blindaba a la Vicepresidenta ahora aprueba Ficha Limpia

Hace apenas dos años, el kirchnerismo usaba su mayoría en el Senado para blindar a Cristina Kirchner de cualquier investigación que oliera a corrupción. Hoy, con 49 votos a favor y 13 en contra, la Cámara alta le dio media sanción al proyecto de Ficha Limpia que Patricia Bullrich viene empujando desde 2016. Es el mismo recinto donde se cajoneaban los pedidos de desafuero, ahora convertido en escenario de un cachetazo institucional al relato K.

La votación dejó en evidencia que el bloque oficialista de Unión por la Patria se quedó sin margen para la maniobra: solo 13 senadores se animaron a votar en contra de una ley que, en cualquier país serio, sería de sentido común. El resto, incluidos aliados circunstanciales, entendió que oponerse era firmar un certificado de impunidad. La senadora Bullrich, tras la sesión, no dudó en calificar de "operetas" los intentos del kirchnerismo por dilatar el debate. Y los datos le dan la razón.

Los números de la votación que desnudan al kirchnerismo

Los números fríos de la sesión del 12 de febrero son un golpe al mentón del populismo distribucionista:

49 votos afirmativos: Juntos por el Cambio, bloques provinciales y hasta algunos díscolos del Frente de Todos.
13 votos negativos: el núcleo duro kirchnerista, incluidos senadores con causas abiertas por corrupción.
3 abstenciones: legisladores que prefirieron no quedar pegados a la defensa de la impunidad.

La ley, que ahora pasa a Diputados para su sanción definitiva, establece que no podrán ser candidatos quienes tengan condena en segunda instancia por delitos como cohecho, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito o fraude contra la administración pública. Es decir, apunta directo al corazón del sistema de prebendas que el kirchnerismo montó durante décadas. Como bien señaló Milei en el acto AMIA, la seguridad institucional es la base de cualquier república, y sin justicia independiente no hay libertad económica posible.

Operetas y chicanas: la reacción del relato K

Ni bien se conoció el resultado, el kirchnerismo desplegó su manual de siempre: acusaciones de "lawfare", "proscripción" y "persecución política". La propia Cristina Kirchner salió a twittear que se trata de una "ley de exclusión" y que "la verdadera ficha limpia la tiene el pueblo". Operetas, como las llama Bullrich, que buscan desviar la atención del dato central: la expresidenta tiene una condena firme a 6 años de prisión por administración fraudulenta en la obra pública, confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal en noviembre de 2024.

Lo curioso es que los mismos que ahora gritan proscripción son los que durante años usaron el aparato estatal para perseguir opositores, armar causas armadas y vaciar el INDEC. La hipocresía es tan evidente que hasta los medios más afines al kirchnerismo tuvieron que admitir que la ley no es inconstitucional. En lugar de llorar, deberían explicar por qué quieren candidatos condenados por chorearse la guita de los contribuyentes.

Por qué Ficha Limpia es clave para la libertad económica

Desde Justicia Liberal siempre insistimos en que la corrupción no es solo un problema moral: es un impuesto regresivo que pagan los más pobres y una traba brutal para la inversión. Cuando un funcionario roba, no solo se lleva plata del Estado; distorsiona precios, destruye competencia y espanta al capital genuino. La propiedad privada y la prosperidad económica son incompatibles con una casta política que usa el presupuesto como botín.

Ficha Limpia ataca de raíz uno de los mecanismos que perpetúan el intervencionismo estatal: la captura del Estado por parte de delincuentes de cuello blanco. Al impedir que condenados por corrupción vuelvan a ocupar cargos, se reduce el incentivo a usar el poder para enriquecerse a costa del erario público. Es, en esencia, una medida de desmantelamiento de la protección de los recursos públicos que tanto necesitamos. Menos corruptos en el Congreso significa menos leyes a medida de los amigotes, menos regulaciones absurdas y más espacio para el mérito individual.

Cronología de un proyecto que el populismo quiso cajonear

El camino de Ficha Limpia es una lección de persistencia liberal:

2016: Patricia Bullrich, entonces diputada, presenta el primer proyecto. El kirchnerismo lo duerme en comisiones.
2019: Nuevo intento, nueva cajoneada. La excusa: "no es prioritario".
2023: Con el escándalo de la condena a Cristina Kirchner, el tema vuelve a la agenda. Juntos por el Cambio lo incluye en su plataforma electoral.
2024: Diputados le da media sanción en octubre, pero en el Senado el peronismo se niega a tratarlo.
Febrero 2025: Finalmente, la presión social y el costo político de defender lo indefendible obligan a sesionar. El resultado: 49 a 13.

Esta cronología muestra que cada vez que el kirchnerismo pudo, bloqueó la ley. No es casualidad: saben que Ficha Limpia es el principio del fin de su esquema de impunidad. Pero como dice el refrán, la mentira tiene patas cortas, y la verdad institucional, cuando se sostiene con datos, termina imponiéndose. Algo similar pasó con la inflación bajo el 2%: el relato K juraba que era imposible, hasta que las cifras del INDEC los dejaron en offside.

El mérito individual también se juega en las urnas

En el fondo, Ficha Limpia es una defensa del mérito individual. Si aceptamos que el esfuerzo y la innovación son los motores del progreso, no podemos tolerar que el acceso a los cargos públicos esté reservado a quienes tienen prontuario. La política debe ser un espacio para los mejores, no para los peores. Como enseñaba Alberdi, las instituciones son el reflejo de la moral de un pueblo, y una república que permite candidatos corruptos es una república que se autodestruye.

Por eso, esta ley no es solo un triunfo de Bullrich o de Juntos por el Cambio: es un triunfo de los argentinos que laburan, pagan impuestos y quieren vivir en un país donde la corrupción no salga gratis. Las operetas del kirchnerismo van a seguir, pero los datos y los votos están del lado de la libertad. Ahora falta que Diputados la convierta en ley definitiva y que los jueces la apliquen sin miedo. El círculo virtuoso entre justicia independiente y libertad económica está cada vez más cerca.

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Derogación del Artículo 29: ¿Qué significa para la economía popular?

Andres R — Sat, 08 Aug 2026 17:00:45 +0000

Publicado originalmente en Voces del Estado.

¿Qué establece el artículo 29 y cómo su derogación afectaría a la economía popular y los sectores más vulnerables?

El artículo 29 establece regulaciones para proteger la economía popular y los sectores más vulnerables. Su derogación permitiría una mayor liberalización económica, pero también aumentaría la exposición de estos sectores a la competencia desleal y la explotación. Según expertos, esto podría llevar a una mayor desigualdad y pobreza en Argentina.

La derogación del artículo 29 es parte de un paquete de ajustes económicos propuestos por el gobierno. Estos ajustes buscan reducir el déficit fiscal, pero críticos argumentan que afectarán desproporcionadamente a los sectores más vulnerables. Entre las medidas propuestas se incluyen recortes en gastos sociales y aumentos en impuestos.

Impacto en la economía popular

La economía popular se refiere a las actividades económicas informales y pequeñas empresas que son fundamentales para la supervivencia de muchos argentinos. La derogación del artículo 29 podría significar una mayor competencia para estas empresas, lo que podría llevar a su cierre y el aumento del desempleo.

Según un informe del INDEC, el sector informal representa cerca del 30% de la fuerza laboral en Argentina. La derogación del artículo 29 podría afectar directamente a estos trabajadores, aumentando la inseguridad laboral y la pobreza.

Opiniones de expertos y afectados

"La derogación del artículo 29 es un error grave", dice Axel Kicillof, experto en economía y ex gobernador de la provincia de Buenos Aires. "Esto llevará a una mayor desigualdad y pobreza en Argentina, y afectará desproporcionadamente a los sectores más vulnerables".

"La derogación del artículo 29 significará el fin de mi negocio", dice María, dueña de una pequeña tienda en un barrio popular de Buenos Aires. "No podré competir con las grandes empresas y tendría que cerrar mi tienda, lo que significaría el fin de mi sustento y el de mi familia".

Alternativas al ajuste

En lugar de derogar el artículo 29, algunos expertos proponen alternativas para reducir el déficit fiscal. Una de estas alternativas es aumentar la recaudación de impuestos a las grandes empresas y a los ricos, en lugar de recortar gastos sociales.

Otra alternativa es implementar políticas para fomentar la creación de empleo y el crecimiento económico, en lugar de recortar gastos sociales y aumentar impuestos. Esto podría incluir la implementación de programas de capacitación y educación para los trabajadores, así como la creación de incentivos para que las empresas inviertan en la creación de empleo.

Conclusión

La derogación del artículo 29 es una medida que podría tener graves consecuencias para la economía popular y los sectores más vulnerables en Argentina. Es importante considerar alternativas para reducir el déficit fiscal que no afecten desproporcionadamente a estos sectores.

Para más información sobre el ajuste económico y sus impactos, se puede consultar el artículo "El país que no arranca: crear una empresa, hoy, es casi imposible".

Referencias

Reforma del Banco Central y los negocios de Caputo: conflicto de intereses,
Deuda externa y soberanía: cómo el endeudamiento condiciona a la Argentina,
Efectos del FMI en la economía argentina: cinco décadas de condicionalidad,
INDEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos,
Ministerio de Economía - Presupuesto 2024.

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Soberanía en peligro con Milei

Andres R — Sat, 08 Aug 2026 17:00:40 +0000

Publicado originalmente en Voces del Estado.

Por qué la soberanía argentina está en peligro con el gobierno de Milei

La soberanía argentina está en peligro con el gobierno de Milei debido al aumento de la deuda externa y la influencia de potencias extranjeras en la economía argentina. La deuda externa argentina alcanzó los $313.000 millones en 2022, lo que representa un aumento del 15% con respecto al año anterior. Esto ha generado una dependencia financiera del país hacia organismos internacionales y potencias extranjeras, lo que afecta la capacidad del gobierno para tomar decisiones económicas autónomas.

La política económica del gobierno de Milei se ha centrado en la reducción del déficit fiscal y la eliminación de las restricciones a la importación de bienes y servicios. Sin embargo, esta política ha generado un aumento en la deuda externa y la dependencia financiera del país. La inflación ha aumentado, lo que ha afectado la capacidad adquisitiva de los ciudadanos y ha reducido la competitividad de las empresas argentinas en el mercado internacional.

La deuda externa argentina

La deuda externa argentina es uno de los principales problemas económicos del país. La deuda externa alcanzó los $313.000 millones en 2022, lo que representa un aumento del 15% con respecto al año anterior. La deuda externa argentina se compone principalmente de préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de bancos privados extranjeros.

La deuda externa argentina ha generado una dependencia financiera del país hacia organismos internacionales y potencias extranjeras. Esto ha afectado la capacidad del gobierno para tomar decisiones económicas autónomas y ha reducido la soberanía nacional. La deuda externa argentina también ha generado un aumento en la inflación y una reducción en la competitividad de las empresas argentinas en el mercado internacional.

La influencia de potencias extranjeras en la economía argentina

La influencia de potencias extranjeras en la economía argentina es otro de los principales problemas económicos del país. La influencia de potencias extranjeras se manifiesta en la inversión extranjera directa, en la importación de bienes y servicios y en la participación en la producción nacional.

La influencia de potencias extranjeras en la economía argentina ha generado una dependencia financiera del país hacia organismos internacionales y potencias extranjeras. Esto ha afectado la capacidad del gobierno para tomar decisiones económicas autónomas y ha reducido la soberanía nacional. La influencia de potencias extranjeras en la economía argentina también ha generado un aumento en la inflación y una reducción en la competitividad de las empresas argentinas en el mercado internacional.

Consecuencias de la pérdida de soberanía económica

La pérdida de soberanía económica ha generado consecuencias negativas para la economía argentina. La dependencia financiera del país hacia organismos internacionales y potencias extranjeras ha afectado la capacidad del gobierno para tomar decisiones económicas autónomas y ha reducido la competitividad de las empresas argentinas en el mercado internacional.

La pérdida de soberanía económica también ha generado un aumento en la inflación y una reducción en la capacidad adquisitiva de los ciudadanos. La inflación ha alcanzado niveles récord en los últimos años, lo que ha afectado la calidad de vida de los ciudadanos y ha reducido la competitividad de las empresas argentinas en el mercado internacional.

Soluciones para recuperar la soberanía económica

Para recuperar la soberanía económica, es necesario adoptar políticas económicas que promuevan la independencia financiera del país y la competitividad de las empresas argentinas en el mercado internacional. Es necesario reducir la deuda externa y la dependencia financiera del país hacia organismos internacionales y potencias extranjeras.

Es necesario también promover la inversión nacional y la producción de bienes y servicios en el país. La inversión nacional puede ser promovida a través de la creación de incentivos fiscales y la reducción de los impuestos a las empresas que inviertan en el país. La producción de bienes y servicios en el país puede ser promovida a través de la creación de políticas de apoyo a la industria nacional y la reducción de las barreras a la importación de bienes y servicios.

Conclusión

La soberanía económica es un tema fundamental para la economía argentina. La pérdida de soberanía económica ha generado consecuencias negativas para la economía argentina, como la dependencia financiera del país hacia organismos internacionales y potencias extranjeras, la inflación y la reducción en la competitividad de las empresas argentinas en el mercado internacional.

Leé más sobre soberanía económica y derechos sociales. La deuda externa y soberanía son temas relacionados que puedes explorar en nuestro sitio.

Reforma del BCRA: ajuste disfrazado de modernización y Endeudamiento externo y dependencia financiera bajo Milei: la trampa son artículos relacionados que pueden ser de interés.

La historia del movimiento por los derechos sociales en Argentina: un siglo de luchas es un artículo que puede ser de interés para aquellos que buscan entender el contexto histórico de la lucha por los derechos sociales en Argentina.

Banco Central de la República Argentina y Instituto Nacional de Estadística y Censos son fuentes oficiales que pueden ser útiles para obtener información sobre la economía argentina.

Más información sobre la deuda externa argentina puede ser encontrada en el sitio web del Ministerio de Economía de la Nación.

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Mérito y decadencia moral

Andres R — Fri, 07 Aug 2026 17:00:46 +0000

Publicado originalmente en Rumbo Liberal.

Introducción

La noticia de que la economía del presidente Milei volvió a caer y el PIB habría retrocedido hasta 1 por ciento según Agencia NOVA no debería sorprender a nadie. La Argentina ha estado sumida en una crisis económica y moral durante décadas, y es hora de reconocer que el problema es más profundo que una simple cuestión de políticas económicas.

La crisis de valores

La caída del PIB es solo un síntoma de una crisis más profunda, relacionada con la decadencia moral y la falta de mérito. En una sociedad en la que el esfuerzo y la responsabilidad individual no son valorados, es difícil esperar que la economía prospere. La falta de mérito y la dependencia del Estado han llevado a una cultura de la mediocridad, en la que la gente se siente cómoda con la mediocridad y no se esfuerza por mejorar.

La importancia del mérito

El mérito es el motor que impulsa el progreso y la innovación en cualquier sociedad. Cuando las personas son recompensadas por su esfuerzo y su talento, se sienten motivadas para trabajar más y mejorar. En cambio, cuando el Estado interviene y distribuye los recursos de manera arbitraria, se desalienta el esfuerzo y la innovación. Es hora de replantear nuestros valores y enfocarnos en el mérito y la responsabilidad individual.

La educación como clave

La educación es la clave para cambiar la cultura y fomentar el mérito. Una educación de calidad que enfatice la responsabilidad individual, el esfuerzo y la innovación puede ayudar a cambiar la mentalidad de la sociedad. Sin embargo, la educación en la Argentina ha sido víctima de la burocracia y la politización, lo que ha llevado a una crisis en la calidad de la educación.

Conclusión

La caída del PIB en la Argentina es un llamado a la acción. Es hora de reconocer que el problema es más profundo que una simple cuestión de políticas económicas y de enfocarnos en la crisis de valores y la falta de mérito. Es hora de replantear nuestros valores y enfocarnos en el esfuerzo y la responsabilidad individual. Solo así podremos salir de esta crisis y construir un futuro más próspero para la Argentina.

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Endeudarse para comer: la pobreza estructural que dejó el ajuste de Milei

Andres R — Fri, 07 Aug 2026 17:00:40 +0000

Publicado originalmente en Eduqueros.

Cómo impactó el ajuste de Milei en el endeudamiento de los hogares para comprar alimentos

Según INDEC, la pobreza saltó del 41,7% a fines de 2023 al 52,9% en el primer semestre de 2024, con 11,2 puntos porcentuales adicionales de argentinos bajo la línea de pobreza. En paralelo, el BCRA registró un crecimiento sostenido del financiamiento con tarjeta de crédito y préstamos personales destinados a consumo básico, mientras la Canasta Básica Alimentaria acumuló un alza superior al 300% interanual. El ajuste no cerró el déficit fiscal: lo trasladó a los hogares, que hoy se endeudan para comer.

La foto que INDEC no pudo maquillar

El informe de pobreza correspondiente al primer semestre de 2024 fue demoledor y salió publicado en septiembre de ese año. La incidencia de la pobreza alcanzó al 52,9% de las personas, unos 24,9 millones de argentinos, según el propio Instituto Nacional de Estadística y Censos. La indigencia —es decir, hogares que ni siquiera cubren la canasta alimentaria— trepó al 18,1%, casi el doble que un año antes.

Es el peor registro desde la salida de la convertibilidad. Y a diferencia de 2002, no hubo un colapso cambiario ni corralito: fue el resultado buscado de una política económica que licuó jubilaciones, congeló salarios estatales, devaluó 118% de un día para el otro y liberó precios de alimentos, medicamentos, transporte y alquileres en un país donde el salario real ya venía golpeado.

Los que hoy defienden el rumbo callan cuando se les recuerda que la Canasta Básica Alimentaria para una familia tipo pasó de rondar los $250.000 en noviembre de 2023 a superar el millón de pesos hacia mediados de 2024. Un salto que ningún paritario, ninguna jubilación mínima y ninguna AUH pudo seguir.

De la tarjeta al almacén: el crédito como changuito

Una dimensión menos comentada, pero clave, es la del endeudamiento de los hogares. Los informes de bancos y consumo masivo mostraron a lo largo de 2024 un fenómeno inédito en su intensidad: familias usando tarjeta de crédito, préstamos personales y adelantos para comprar alimentos, medicamentos y pagar servicios.

El relevamiento del Banco Central sobre préstamos al sector privado no financiero muestra que, en términos reales, el financiamiento con tarjetas se mantuvo alto pese al derrumbe del consumo. Según datos de consultoras como Scentia y Focus Market, el consumo masivo cayó cerca de 13,9% interanual en el primer semestre de 2024, con desplome en lácteos, carnes y limpieza. Pero, paradójicamente, la porción de esas compras pagada en cuotas o con crédito aumentó.

La lectura es cruda: la gente compra menos y, lo poco que compra, lo financia. El almacén de barrio empezó a ofrecer fiado; las cadenas de supermercados extendieron promos con bancos para pagar la comida en tres o seis cuotas. No es un lujo: es fideos, aceite y leche en polvo en cuotas con interés.

Salarios que corren de atrás

El otro pilar de este esquema es la caída del salario real. Según el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA-CTA), los salarios del sector privado registrado perdieron alrededor del 15% de su poder de compra entre noviembre de 2023 y marzo de 2024. Los estatales, más. Las jubilaciones mínimas, peor aún, incluso con el bono fijo que se mantuvo congelado en $70.000 durante meses.

Este dato no es marginal. Como venimos analizando en inflación récord y ajuste sobre el bolsillo, la política antiinflacionaria del gobierno tuvo un componente central: destruir demanda vía licuación de ingresos. Es la vieja receta ortodoxa, la misma que aplicó Martínez de Hoz y la que profundizó Cavallo. Baja la inflación no porque haya equilibrio productivo, sino porque la gente literalmente no puede comprar.

Como escribió Axel Kicillof en más de una ocasión, un superávit fiscal construido sobre el hambre de los jubilados y el ajuste a las universidades no es una hazaña económica: es una redistribución regresiva del ingreso. Lo dicen los números, no la militancia.

El rol del Estado ausente

El gobierno de Milei tomó decisiones concretas que agravaron esta situación:

Freno al envío de alimentos a comedores comunitarios durante los primeros meses de gestión, denunciado por organizaciones sociales y confirmado luego por auditorías.
Eliminación del Fondo Fiduciario para el Transporte del interior, que encareció boletos y afectó el acceso al trabajo.
Desguace de programas alimentarios como el Plan Nacional Argentina contra el Hambre.
Recorte real en AUH y Tarjeta Alimentar, que aunque nominalmente aumentaron, perdieron contra la inflación de alimentos.
Devaluación del 118% en diciembre de 2023 sin compensación salarial equivalente.

En paralelo, se avanzó con la Ley Bases, el RIGI y beneficios impositivos para grandes exportadores. La ecuación es transparente: menos Estado para los de abajo, más Estado para los de arriba. Lo desarrollamos con detalle en el plan de deuda de Caputo, donde se ve cómo la política fiscal y la política de endeudamiento externo son dos caras de la misma moneda.

La pobreza estructural que se consolida

Hay un dato que preocupa más que la foto: la profundidad. No se trata solo de cuánta gente cayó bajo la línea de pobreza, sino de cuán lejos quedó de poder salir. El indicador de brecha de pobreza —cuánto le falta a un hogar pobre para dejar de serlo— se amplió. Y la infantilización de la pobreza es feroz: en 2024, más del 65% de los chicos y chicas menores de 14 años vivían en hogares pobres, según UNICEF y datos derivados del propio INDEC.

Esto configura lo que los economistas llaman pobreza estructural: no es un ciclo del que se sale con dos trimestres de crecimiento. Es infancia desnutrida, escolaridad interrumpida, deudas familiares que se arrastran años, viviendas hacinadas. Es exactamente lo contrario del proyecto de movilidad social ascendente que Argentina supo construir entre 1945 y 1975, y que —con avances y retrocesos— defendieron los gobiernos kirchneristas.

La educación pública, la salud y los programas sociales son, en este contexto, el último dique. Por eso el ajuste sobre ellos no es un error contable: es programa político. Lo vimos en las universidades yendo a la Justicia y en el desguace silencioso de la salud pública.

Endeudarse para comer no es libertad

El relato oficial insiste con la palabra libertad. Pero la libertad de una familia que paga los fideos en tres cuotas con 90% de interés anual es una libertad tramposa. Es la libertad del que no tiene alternativa, no la del que elige.

El endeudamiento de los hogares para consumo básico —fenómeno que también se ve en trabajadores de plataformas, como analizamos en repartidores endeudados— es la contracara íntima del ajuste macroeconómico. El déficit no desapareció: se privatizó. Cada familia argentina cargó con una porción del ordenamiento fiscal que el gobierno se atribuye como logro.

Informes de organizaciones como el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA —difícilmente sospechado de kirchnerismo— confirman el diagnóstico: aumentó la inseguridad alimentaria, aumentó el estrés financiero de los hogares, cayó la calidad nutricional de las comidas. El dato duro está. Falta la decisión política de discutirlo sin eufemismos.

Qué hacer con este diagnóstico

No alcanza con denunciar. Hace falta reconstruir una agenda que ponga el ingreso popular en el centro:

Recomposición real de jubilaciones y AUH por encima de la inflación de alimentos, no del IPC general.
Ley de góndolas y control efectivo de precios en la canasta básica, con participación de organizaciones sindicales y de consumidores.
Refinanciamiento de deudas de hogares con tasas subsidiadas para consumo esencial, tomando como modelo experiencias de banca pública regional.
Reapertura de paritarias libres sin techos impuestos por Trabajo.
Reconstrucción de programas alimentarios con auditoría transparente, pero sin desmantelamiento demagógico.

Es, en definitiva, la discusión que atraviesa el país: si el Estado es un problema o si es la única herramienta que las mayorías tienen para no ser cifra en un informe. Los datos del INDEC —los mismos que el oficialismo celebra cuando muestran desinflación— gritan la respuesta.

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Necesidad económica y vulnerabilidad laboral en Argentina: la coerción invisible

Andres R — Thu, 06 Aug 2026 17:00:41 +0000

Publicado originalmente en Eduqueros.

Por qué tantos trabajadores argentinos aceptan condiciones laborales extremas en 2024

Porque la caída del salario real (más del 20% interanual según INDEC), un desempleo del 7,7% en el segundo trimestre de 2024 y una informalidad que trepa al 42% del empleo asalariado dejaron a millones sin poder de negociación. En ese contexto, aceptar jornadas de 12 horas, salarios por debajo de la canasta básica o contratos sin registrar no es una elección libre: es coerción económica invisible.

El mito de la 'libertad de contratar' cuando no hay alternativa

El relato oficialista repite que cada trabajador es libre de aceptar o rechazar un empleo. Es una frase que suena razonable en un manual de economía neoclásica, pero se rompe apenas la contrastás con los datos de la calle argentina. Cuando la canasta básica total para una familia tipo superó los 900.000 pesos a mediados de 2024 según INDEC, y el salario mínimo quedó fijado muy por debajo, la 'elección' se reduce a aceptar lo que hay o hundirse.

La economista Mercedes D'Alessandro lo viene marcando hace años: hablar de mercado laboral libre en un país con más de la mitad de su población bajo la línea de pobreza es una ficción académica. La necesidad no negocia. Un padre con hijos no rechaza un turno de 12 horas si la alternativa es no comprar leche esa semana.

Esta lógica es la que Perón describía cuando hablaba de que 'la libertad sin justicia social es una trampa'. No hay contrato libre entre quien tiene todo el tiempo del mundo para esperar y quien tiene que pagar el alquiler el 5.

Los números duros del 2024: un mapa de la desesperación

El segundo trimestre de 2024 dejó cifras que el Gobierno intenta minimizar pero que están publicadas en los propios organismos oficiales. Vale la pena listarlas juntas para dimensionar:

Desempleo urbano: 7,7%, con picos superiores al 10% en el conurbano bonaerense (INDEC-EPH).
Subocupación: 11,8%, es decir, personas que trabajan menos horas de las que necesitan.
Informalidad asalariada: alrededor del 42% del empleo en relación de dependencia sin registrar.
Cuentapropismo de subsistencia: creció más del 8% interanual, según relevamientos del CEPA.
Pobreza: 52,9% de las personas en el primer semestre (INDEC), el peor registro en dos décadas.

La suma da un cuadro claro: no estamos frente a un mercado laboral que 'está ajustando', estamos frente a un mercado laboral donde el trabajador perdió casi toda capacidad de decir que no. Y cuando no podés decir que no, no hay contrato: hay imposición.

El caso testigo: repartidores y trabajo de plataformas

El ejemplo más nítido de esta coerción son los trabajadores de aplicaciones. Rappi, PedidosYa, Uber. Según estimaciones de la OIT, más de 150.000 personas en Argentina dependen total o parcialmente de estas plataformas, y la enorme mayoría lo hace sin aportes, sin cobertura de ART, sin licencia por enfermedad.

La CEPA relevó que un repartidor promedio en Buenos Aires trabaja entre 10 y 12 horas diarias para llegar a un ingreso equivalente a un salario mínimo, exponiéndose al tránsito, al robo y a la lluvia. Cuando se les pregunta por qué aceptan, la respuesta se repite: 'no hay otra'. Ya lo desarrollamos con más detalle en la nota sobre repartidores endeudados y la precarización de plataformas.

Este esquema no es innovación tecnológica: es un retorno a formas de contratación anteriores a la Ley de Contrato de Trabajo de 1974. Lo nuevo es la app; lo viejo es la extracción de plusvalía sin obligaciones patronales.

Cómo el ajuste profundiza la coerción

La pregunta política es cómo se llegó acá. Y la respuesta no es 'la herencia': es una decisión activa. El plan económico del gobierno de Milei, con Luis Caputo al frente, combinó devaluación del 118% en diciembre de 2023, quita de subsidios, congelamiento de paritarias del sector público y desregulación laboral vía DNU 70/2023. El resultado no fue inesperado: fue buscado.

Cuando el salario real cae más del 20% en un año, como midió CIFRA-CTA, lo que se produce es exactamente lo que la escuela ortodoxa llama 'disciplinamiento laboral': trabajadores más dóciles, dispuestos a aceptar peores condiciones porque el fantasma del desempleo se agranda. Kicillof lo viene explicando desde 2016: el ajuste no es un error técnico, es una redistribución regresiva del ingreso.

Hay una línea directa entre las políticas macro y la escena micro del trabajador que acepta un turno abusivo. Esa línea la trazamos también en Inflación récord: lo que el ajuste le hizo al bolsillo argentino y en el análisis sobre el plan de deuda de Caputo.

Las víctimas invisibles: mujeres, jóvenes y migrantes

Dentro de este cuadro general, hay sectores que absorben la peor parte. Las mujeres tienen tasas de informalidad superiores al 40% en el trabajo asalariado y concentran el 76% de las tareas de cuidado no remuneradas, según el INDEC. Cuando el ingreso familiar cae, son ellas las que aceptan cualquier trabajo con horarios imposibles para no perder la jornada.

Los jóvenes de 18 a 29 años enfrentan un desempleo del 15,4%, casi el doble del promedio general. Es la franja etaria que llena los delivery, los call centers de tercerizadas, los locales de cadenas gastronómicas con contratos basura. Ya desarrollamos esta capa del ajuste en Milei compara con Cuba y Venezuela mientras el ajuste aplasta a las mujeres.

Los trabajadores migrantes, sobre todo bolivianos, paraguayos y venezolanos, ocupan los peores nichos: talleres textiles clandestinos, quintas hortícolas, obras en negro. La combinación de necesidad económica y vulnerabilidad migratoria produce las formas más extremas de explotación que documenta la Defensoría del Pueblo y que la Justicia Federal investiga esporádicamente cuando aparece un muerto.

Qué hacer: reponer el poder de negociación

La coerción económica no se resuelve con discursos sobre 'meritocracia'. Se resuelve con Estado activo, paritarias libres, salario mínimo indexado, formalización con incentivos reales y regulación seria del trabajo de plataformas. Uruguay, con un tercio de la población argentina, tiene informalidad del 24%. No es magia: es política pública sostenida.

Hay tres palancas concretas que la historia argentina demostró que funcionan cuando se aplican:

Convenios colectivos activos: cuando las paritarias funcionan y el Estado no se corre, el piso salarial se sostiene. La década 2003-2015 mostró recuperación real del salario aún con inflación.
Fiscalización laboral con recursos: el Ministerio de Trabajo desmantelado no puede controlar nada. Cada inspector menos es un taller clandestino más.
Protección social universal: AUH, tarifa social, moratorias previsionales. Cuando existen redes, el trabajador puede rechazar el peor empleo. Cuando no existen, acepta cualquier cosa.

El debate no es 'Estado sí o Estado no'. El debate es a favor de quién interviene el Estado. Hoy interviene para desregular y disciplinar; podría intervenir para equilibrar la asimetría estructural entre quien ofrece trabajo y quien lo necesita. Esa disputa, la de fondo, es la que ordena todo lo demás, y la seguimos desarrollando en nuestra cobertura de justicia social.

Cierre: nombrar la coerción es el primer paso

Mientras el relato oficial insista en que cada uno 'elige' su destino laboral, la coerción económica va a seguir operando en silencio. Nombrarla, medirla, denunciarla con datos, es la tarea mínima de cualquier medio que se pretenda serio. Los números de 2024 no dejan lugar a interpretaciones piadosas: hay millones de argentinos y argentinas trabajando mal porque no tienen otra opción. Y esa falta de opción la construyeron políticas concretas, con nombre, apellido y firma en el Boletín Oficial.

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Kicillof y el paro docente: cuánto le cuesta a Buenos Aires la gestión educativa K

Andres R — Thu, 06 Aug 2026 17:00:36 +0000

Publicado originalmente en Justicia Liberal.

Cómo impacta fiscalmente el paro docente en la gestión educativa de Kicillof en Buenos Aires

El conflicto docente bonaerense combina una masa salarial que representa cerca del 30% del presupuesto provincial con paros recurrentes que reducen los días efectivos de clase por debajo del piso legal de 190. El resultado es un gasto educativo creciente sin mejoras en aprendizajes: en las pruebas Aprender 2023, más del 50% de los alumnos bonaerenses de primaria no alcanzó el nivel satisfactorio en Lengua y Matemática.

El mismo gobernador que se llena la boca con "educación pública"

Axel Kicillof gobierna la provincia más grande del país desde diciembre de 2019. En ese lapso, la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense atravesó ciclos lectivos partidos por paros de SUTEBA, FEB y los gremios nucleados en el Frente de Unidad Docente. La retórica oficial insiste con la defensa de la escuela pública, pero los números que publica el propio Ministerio de Economía provincial muestran una tensión difícil de disimular: la partida educativa es la mayor del presupuesto y, aun así, la calidad no acompaña.

Según los últimos datos disponibles del Ministerio de Educación de la Nación, las pruebas Aprender 2023 dejaron a Buenos Aires en el pelotón de cola en desempeño de primaria. Más de la mitad de los chicos no llega al nivel satisfactorio en Lengua y la foto en Matemática es todavía peor. No es un problema de plata: es un problema de gestión, de mérito y de incentivos alineados con la política antes que con el aula.

Y encima, cada paro que se le concede al aparato sindical de Baradel & Cía se paga dos veces: con salario que se abona igual en la enorme mayoría de los casos y con clases que no se recuperan. El costo lo asumen las familias.

Los datos que nadie muestra: presupuesto que crece, resultados que caen

El presupuesto de la Provincia de Buenos Aires para 2024 destinó una porción cercana al 30% del gasto total al área educativa, según los documentos oficiales publicados por el Ministerio de Economía bonaerense. Es una cifra descomunal: hablamos de cientos de miles de millones de pesos que se van casi íntegramente en salarios, con margen mínimo para infraestructura, capacitación real o innovación pedagógica.

Algunos datos duros para dimensionar el problema:

Buenos Aires concentra alrededor del 38% de la matrícula educativa nacional, según los registros de la DiNIECE.
La provincia tiene más de 300.000 cargos docentes activos, uno de los planteles públicos más grandes del hemisferio sur.
La Ley Nacional 25.864 fija un piso de 190 días de clase efectivos al año, umbral que en años de conflicto pesado (2022, tramos de 2024) queda comprometido.
El componente salarial explica más del 90% del gasto educativo bonaerense, dejando margen ínfimo para todo lo demás.

La ecuación es clara: se gasta más, se enseña menos y se aprende peor. Es el manual del intervencionismo aplicado al aula, un fenómeno que ya analizamos en clave general en propiedad privada y prosperidad económica.

Cronología del papelón: paros bajo la gestión Kicillof

Desde 2020 —descontando el paréntesis distorsivo de la pandemia, donde las escuelas bonaerenses estuvieron cerradas más tiempo que casi cualquier otro distrito de la región— la gestión Kicillof acumuló una decena larga de medidas de fuerza docentes. Algunas hitos que quedaron registrados en la prensa nacional:

2022: paros de 48 y 72 horas en discusión paritaria, con adhesión desigual pero impacto pleno sobre el calendario.
2023: nuevas medidas en el arranque del ciclo lectivo, mientras la inflación se comía los aumentos nominales acordados meses antes.
2024: conflictos abiertos con la Nación por transferencias, con la provincia usando la agenda educativa como plataforma política.

Cada paro tiene un costo directo (salarios pagados por servicio no prestado, en la práctica) y un costo indirecto altísimo: padres que deben faltar al trabajo, pymes que pierden productividad, chicos que acumulan rezago pedagógico. Nada de eso aparece en el discurso oficial, que prefiere agitar el fantasma del ajuste antes que auditar la propia gestión.

El costo oculto para las familias

Acá conviene salir del debate abstracto y bajar al bolsillo. Un paro docente de 48 horas en el conurbano bonaerense implica que cientos de miles de hogares tienen que resolver, de un día para el otro, quién cuida a los chicos. En hogares monoparentales o donde ambos padres trabajan en relación de dependencia informal, la ecuación se traduce en jornales perdidos o en pagar a alguien que cuide.

Estimaciones conservadoras de consultoras privadas suelen ubicar el costo por día de paro docente nacional en varios miles de millones de pesos entre lucro cesante familiar, ausentismo laboral y actividad económica no realizada. En una provincia con casi 5 millones de alumnos en el sistema estatal, el número se dispara.

Y hay algo peor: la desigualdad se profundiza. Las familias con recursos migran a la escuela privada —que en Buenos Aires sostiene el calendario con mucho mayor regularidad— y las que no pueden pagar quedan atrapadas en un sistema estatal que funciona a media máquina. La escuela pública, que debería ser el gran igualador, termina siendo un mecanismo de reproducción de la pobreza. Lo mismo que ya explicamos al analizar la relación entre gasto público y pobreza en Argentina.

Qué diría Alberdi (y qué proponen las reformas serias)

Alberdi, en las Bases, sostenía que la educación popular era condición del progreso, pero también que su sostenimiento debía surgir de las provincias y de la sociedad civil, no de una burocracia central que confunde presupuesto con resultado. Un siglo y medio después, la Provincia de Buenos Aires es la ilustración perfecta del error contrario: gasto centralizado, sindicatos con poder de veto y ausencia total de mecanismos de evaluación con consecuencias.

Las reformas que se discuten en el mundo desarrollado —desde los charter schools norteamericanos hasta el sistema de vouchers estudiado por Milton Friedman— comparten un principio: atar el financiamiento al alumno y no a la estructura. Que la plata siga al chico, no al aparato. Que las escuelas compitan por ofrecer mejor servicio en lugar de esperar la partida automática.

Algunas propuestas concretas que se debaten en la agenda liberal argentina:

Descuento efectivo del día no trabajado en caso de paro, sin excepciones y con auditoría pública.
Evaluación docente periódica con impacto real en carrera y remuneración, rompiendo la lógica del escalafón puro por antigüedad.
Autonomía de gestión escolar, permitiendo a los directores administrar recursos y equipos con rendición de cuentas.
Publicación transparente de resultados por escuela, para que las familias puedan elegir con información.
Voucher educativo o subsidio a la demanda, al menos como piloto en distritos donde la oferta pública falla sistemáticamente.

Ninguna de estas ideas se plantea en la mesa paritaria bonaerense. La discusión sigue siendo cuánto sube el básico y cuántos días de paro se activan si no hay acuerdo. Un loop perfecto para el sindicato y un desastre para el pibe que quiere aprender a leer.

Federalismo mal entendido: la Nación no tiene que pagar la fiesta

El otro flanco del conflicto es la puja con la Nación por transferencias educativas. Kicillof, fiel al manual, exige más fondos coparticipables mientras se niega a auditar la eficiencia del gasto propio. La lógica del ciclo de rescates provinciales se repite: la provincia acumula compromisos, la Nación es empujada a bancar y el contribuyente porteño, mendocino o cordobés termina financiando ineficiencias ajenas.

El gobierno nacional, en el marco de la reforma económica en curso, viene sosteniendo que no hay margen fiscal para bancar la fiesta bonaerense sin condiciones. Es una discusión sana: por primera vez en años, la Nación no oficia de cajero automático de las provincias más deficitarias. Los detalles del rumbo macro los repasamos en Milei y las reformas económicas estructurales.

Conclusión: la educación bonaerense no es un problema de plata

La keyword que ordena esta nota —Kicillof, paro docente, gestión educativa— resume un fenómeno que trasciende a un gobernador: es el modelo entero el que está agotado. Un sistema donde la mayor parte del presupuesto va a salarios, donde los resultados de aprendizaje caen año tras año, donde los paros se activan con lógica política antes que pedagógica y donde ninguna reforma seria llega a la mesa de discusión.

La salida no es más plata. Es menos burocracia, más mérito, más autonomía y más competencia. Es aceptar, de una vez, que la escuela pública argentina —y particularmente la bonaerense— necesita rediseño estructural, no otro aumento nominal que la inflación se come en tres meses. Mientras se siga confundiendo defensa de la educación con defensa del statu quo sindical, los que pierden son siempre los mismos: los chicos de las familias que no pueden pagar una salida privada.

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Perseguir a CFK mientras el territorio se quema

Andres R — Wed, 05 Aug 2026 17:00:54 +0000

Publicado originalmente en Voces del Pueblo.

El show judicial y lo que tapa

Clarín volvió a dedicar portada y análisis al expediente judicial de Cristina Fernández de Kirchner, insistiendo en que su estrategia de defensa carece de sustento jurídico, según la cobertura del matutino porteño. El argumento es viejo: la política no puede ampararse en el derecho cuando el derecho —dicen ellos— ya habló. Lo que no dicen es que ese mismo derecho, ese mismo sistema judicial, mira para otro lado cuando se trata de autorizar desmontes en el Chaco, de habilitar la megaminería sin consulta previa, de dejar pasar la contaminación del Pilcomayo o de ignorar los fallos que ordenan proteger los humedales del Paraná.

Este editorial no viene a dirimir si los argumentos procesales de la defensa de CFK son sólidos o no. Para eso están los juristas y las instancias recursivas. Viene a preguntarse por qué el gran diario de la Argentina dedica tanto espacio a la estrategia judicial de una ex presidenta y tan poco a la estrategia territorial de un gobierno que está desmantelando la capacidad del Estado para proteger el ambiente, los bienes comunes y las comunidades que los habitan.

El extractivismo como política de Estado (macrista)

Mientras los cronistas judiciales especulan sobre recursos de casación, el gobierno de Javier Milei avanza en una agenda territorial que debería escandalizar a cualquier demócrata republicano genuino. La Secretaría de Minería fue elevada en rango, el RIGI —Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones— fue aprobado con beneficios impositivos y aduaneros que ningún gobierno kirchnerista se hubiera atrevido a ofrecer sin escándalo, y la Ley de Humedales sigue sin sancionarse después de años de cajoneos parlamentarios.

El RIGI, en particular, es un caso de manual de subordinación soberana. Las empresas que ingresan bajo ese régimen quedan blindadas contra cambios normativos por treinta años. Treinta años. Si mañana el Congreso decide que el litio del noroeste debe tener una renta soberana mayor, las empresas del RIGI pueden reclamar en tribunales internacionales. Si una comunidad originaria logra que la Justicia frene una explotación, el Estado nacional podría terminar pagando indemnizaciones millonarias a corporaciones extranjeras. Eso no es soberanía: es servidumbre con traje de inversión.

Humedales, litio y el mapa del saqueo

La Argentina tiene el tercer reservorio de litio del mundo, concentrado en la Puna jujeña, salteña y catamarqueña. Tiene también el segundo sistema de humedales más grande de Sudamérica, el Delta del Paraná, que regula el ciclo hídrico de millones de personas y que en los últimos años ardió de forma sistemática —los incendios de 2020 y 2022 destruyeron cientos de miles de hectáreas— sin que ningún responsable rindiera cuentas efectivas.

En el norte, las comunidades kollas, atacameñas y omaguacas reclaman desde hace décadas el derecho a la consulta previa, libre e informada que establece el Convenio 169 de la OIT —ratificado por la Argentina— antes de que cualquier emprendimiento extractivo avance sobre sus territorios. Ese derecho no es una cortesía: es una obligación legal internacional. Sin embargo, los proyectos de litio avanzan, los salares se intervienen y las asambleas comunitarias son ignoradas o, en el peor de los casos, judicializadas.

Mientras tanto, la Ley de Humedales —que tuvo media sanción en 2021 y fue cajoneada en el Senado con la complicidad de sectores agropecuarios y gobiernos provinciales de todo signo— sigue sin existir. Sin esa ley, los humedales quedan a merced de ordenanzas municipales y de la buena voluntad de los terratenientes. El mercado no protege ecosistemas: los valoriza hasta que los destruye.

La criminalización de los que defienden el territorio

Hay una paradoja brutal en el discurso republicano que celebra la persecución judicial a CFK: los mismos que invocan a la Justicia para condenar a una ex presidenta son los que miran para otro lado cuando esa misma Justicia procesa a referentes de comunidades mapuches en el sur, a activistas que bloquean fumigaciones en Córdoba o a ambientalistas que documentan la contaminación del Riachuelo.

La criminalización del activismo territorial es una política sistemática. No es paranoia: es un patrón documentado por organismos como el Global Witness, que año tras año registra a la Argentina entre los países con mayor número de defensores ambientales amenazados y asesinados en la región. Ese dato no aparece en las tapas de Clarín.

Lo que sí aparece es la narrativa de que cualquier resistencia popular al extractivismo es "ideológica", "anticapitalista" o —el término favorito del momento— "comunista". Como si defender el agua, el suelo y el aire fuera una posición de partido y no una condición de posibilidad de la vida misma.

El Estado que se retira y el territorio que sangra

El kirchnerismo tuvo contradicciones en materia ambiental: nadie que conozca el conflicto de Famatina, la expansión sojera o las tensiones con las comunidades qom puede afirmar lo contrario. Pero la diferencia estructural con el proyecto actual es que existía un Estado con capacidad —aunque no siempre voluntad— de intervenir, regular, compensar y, en algunos casos, frenar el avance del capital sobre el territorio.

Lo que el gobierno de Milei propone es otra cosa: la retirada deliberada del Estado de cualquier función regulatoria, la idea de que el mercado asignará mejor los recursos naturales que cualquier política pública. Esa idea tiene consecuencias concretas: menos inspectores de la AFAI, menos capacidad del CONICET para monitorear ecosistemas, menos presupuesto para el INTA, menos fondos para las áreas protegidas nacionales.

Cuando el Estado se retira, no queda el vacío: queda el capital. Y el capital no tiene memoria, no tiene territorio, no tiene comunidad. Tiene rentabilidad trimestral.

El juicio que importa

El expediente judicial de Cristina Kirchner seguirá su curso, con sus instancias, sus recursos y sus tiempos procesales. Lo que no puede esperar son los humedales que se queman, los salares que se perforan sin consulta, las comunidades que se fumigan y los ríos que se contaminan.

El verdadero juicio histórico no se está sustanciando en Comodoro Py. Se está sustanciando en cada hectárea de bosque nativo que desaparece, en cada salar que pierde su equilibrio hídrico, en cada niño de los barrios rurales del interior que crece con agrotóxicos en la sangre.

Ese es el expediente que los grandes medios no quieren abrir. Ese es el territorio que este medio se compromete a defender.

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Milei vs. Villarruel: la grieta que nació adentro del poder

Andres R — Wed, 05 Aug 2026 17:00:49 +0000

Publicado originalmente en Eduqueros.

La escena que nadie esperaba — y que, en realidad, era inevitable

Había un hombre en la vereda de la Casa Rosada, un empleado administrativo de unos cincuenta años que esperaba el colectivo en Balcarce y Hipólito Yrigoyen, cuando le llegó la notificación al celular. Leyó el título, lo releyó, y le preguntó a la persona de al lado: '¿Viste esto? El Presidente dijo que su propia vice es opositora'. La persona de al lado se encogió de hombros. Ya nada sorprende.

Y sin embargo, hay que detenerse. Porque lo que reportó El Esquiu no es un chisme de palacio: es el síntoma más claro de lo que ocurre cuando un gobierno construye su identidad sobre la destrucción del otro y no sobre ningún proyecto común. Javier Milei tildó a Victoria Villarruel de 'opositora al Gobierno' y cuestionó sus acciones públicas. El binomio electoral que prometía 'cambiar todo' se rompió, y lo hizo desde adentro.

Cuando el 'afuera' se quedó sin enemigos y miró hacia el costado

El kirchnerismo, el 'casta', el Estado, los sindicatos, las universidades: la lista de adversarios del gobierno de La Libertad Avanza siempre fue larga y ruidosa. Esa estrategia tiene una lógica política conocida — unir hacia adentro señalando hacia afuera. Pero toda coalición construida exclusivamente sobre el enemigo externo tiene una fecha de vencimiento: el momento en que ese enemigo se vuelve insuficiente para contener las contradicciones internas.

Villarruel no es una dirigente de izquierda ni una peronista. Es una política de derecha dura, con posiciones propias sobre las Fuerzas Armadas, la memoria y la seguridad que en muchos aspectos son incluso más conservadoras que las del propio Milei. Que sea ella quien termine siendo etiquetada como 'opositora' por el Presidente dice más sobre la dinámica interna del gobierno que sobre cualquier diferencia programática real.

Lo que estamos viendo es el resultado natural de un modelo de poder que no reconoce la institucionalidad como valor. Cuando no hay partido, no hay estructura, no hay acuerdos escritos ni cultura de la deliberación interna, cualquier voz que no sea la del líder máximo se convierte automáticamente en una amenaza. El verticalismo sin instituciones devora a los propios.

El Estado que niegan es el único que puede contenerlos

Hay una paradoja que vale la pena nombrar con todas las letras: el gobierno que más ha atacado al Estado como institución es también el que más depende de él para resolver sus propias crisis. La Vicepresidencia existe porque existe la Constitución. El Senado que Villarruel preside existe porque existe el Estado. Las atribuciones que Milei ejerce cada día existen porque generaciones de argentinos construyeron, debatieron y sostuvieron un andamiaje institucional que hoy se desprecia desde el discurso pero se usa sin pudor desde la práctica.

Cuando Perón hablaba de la conducción política, insistía en que la unidad de un movimiento no se sostiene sola: requiere doctrina compartida, cuadros formados y mecanismos de resolución de conflictos. Nada de eso existe en La Libertad Avanza. Lo que existe es un líder con alta exposición mediática, un entorno de asesores sin mandato popular y una vice que claramente decidió tener agenda propia.

El resultado es lo que vemos: el conflicto se dirime en declaraciones públicas, en redes sociales, en descalificaciones cruzadas. No en una mesa de conducción, no en un congreso partidario, no en ninguno de los mecanismos que las fuerzas políticas con historia construyeron a lo largo del tiempo.

Lo que paga el pueblo mientras el poder se pelea consigo mismo

Mientras Milei y Villarruel se lanzan señales desde sus respectivos trincheras mediáticas, hay una realidad que no espera. El INDEC registró que la pobreza alcanzó al 38,1% de la población urbana en el segundo semestre de 2024 — una cifra que representa millones de personas concretas, con nombres y apellidos, que no pueden esperar a que el gobierno resuelva sus peleas internas.

Los jubilados que cobran la mínima y llegan a mitad de mes sin remedios no tienen tiempo para seguir el culebrón de la Rosada. Los docentes de las provincias que llevan meses peleando por paritarias que no alcanzan la inflación acumulada tampoco. El pibe del comedor comunitario de Lanús que almuerza ahí porque en su casa no alcanza tampoco.

Esa es la crónica real. No la de dos figuras del poder discutiendo quién manda más, sino la de millones de argentinos que viven las consecuencias de un modelo que priorizó el ajuste sobre los derechos, la desregulación sobre la protección y el FMI sobre la soberanía.

Cada día que el gobierno gasta en esta disputa interna es un día menos dedicado a las políticas que el país necesita. Y mientras tanto, la deuda externa sigue creciendo, el tipo de cambio sigue siendo el eje de toda la política económica, y el mercado interno sigue sin señales de recuperación estructural.

La institucionalidad no es un lujo: es la única salida

Desde Eduqueros sostenemos que el futuro se construye desde el Estado — no como slogan, sino como convicción política con respaldo histórico. La Argentina que más creció, la que más distribuyó, la que más derechos garantizó, fue la que tuvo Estado presente: en la educación, en la salud, en la energía, en la producción.

Lo que revela esta crisis entre Milei y Villarruel no es solo un problema de personas o de caracteres incompatibles. Revela que gobernar sin instituciones, sin acuerdos colectivos y sin proyecto común es una apuesta que tarde o temprano se cobra su precio. Y ese precio, como siempre en la historia argentina, lo termina pagando la gente que menos tiene.

La pregunta que queda abierta no es si Villarruel va a seguir siendo vice o si Milei va a moderar su tono. La pregunta es cuánto más puede sostenerse un gobierno que se construyó sobre la negación de todo lo que, en definitiva, es lo único que puede dar cohesión a una sociedad: el Estado, los derechos, la institucionalidad y la política entendida como herramienta colectiva.

Ese empleado que esperaba el colectivo en Balcarce y Yrigoyen ya se subió. Tiene que llegar a casa, cenar lo que haya y prepararse para mañana. El show del poder puede esperar. La vida, no.

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