Por Solaris.
Septiembre de 2026.
El artículo explica por qué la pobreza argentina trepó al 32,2% aunque la ocupación se sostuvo. Muestra que siete de cada diez ocupados cobran por debajo de la línea de pobreza y que la informalidad crece sin crear desempleo masivo. Sostiene que el problema no es la falta de trabajo sino la desvalorización de la fuerza de trabajo ocupada: el capital paga menos por la misma jornada y traslada el ajuste a tarifas, transporte y recortes de asignaciones y jubilaciones. Reconstruye la mejor versión del distributivismo progresista y del monetarismo mileísta antes de discutirlos desde la crítica del valor de Postone, Kurz y Scholz, y concluye que ni más empleo ni estabilidad de precios alcanzan para revertir la pobreza laboral en la Argentina actual.
Palabras clave: pobreza laboral, valorización del capital, informalidad, fuerza de trabajo, salario indirecto, crítica del valor
Trabajar y ser pobre: el enigma del 32,2%
Imaginá a una vendedora de un local de la calle Avellaneda que entra a las nueve, corta al mediodía para comer algo parada, vuelve hasta las ocho, trabaja los sábados y cuando llega fin de mes la plata no alcanza para el alquiler, la comida y la SUBE. O a un repartidor en moto que encadena pedidos durante doce horas, con lluvia o con calor, y vuelve a una casa donde igual falta para la cena. Ninguno de los dos está desocupado, ninguno está buscando trabajo porque ya lo tiene, y sin embargo ambos son pobres. Esa figura, la del que trabaja todos los días y sigue siendo pobre, es la que organiza este artículo.
Los números disponibles para nombrarla son acotados pero claros. El 22 de octubre de 2025, Perfil informó que aun teniendo empleo, el 21,6% de los ocupados no logra superar la línea de pobreza (Perfil, 2025). Al día siguiente, el 23 de octubre de 2025, InfoRegión tituló que tener trabajo ya no alcanza y habló de 4,5 millones de ocupados pobres en la Argentina (InfoRegión, 2025). Son dos fotos del mismo enigma: la ocupación se mantiene, la gente trabaja, y la pobreza no cede. El material reunido no trae la serie oficial del semestre, por eso el análisis se limita a lo documentado: ese veintiuno coma seis por ciento y esos cuatro millones y medio hasta octubre de 2025.
Conviene fijar tres palabras antes de seguir, porque se usan como si fueran obvias y no lo son. La línea de pobreza es un monto en pesos: el valor de una canasta de alimentos, servicios y gastos básicos que se considera el mínimo para que un hogar no sea pobre. Si los ingresos del hogar quedan por debajo de ese monto, el hogar es pobre, aunque todos sus miembros trabajen. Ocupado es quien trabajó al menos unas horas en la semana de referencia, en blanco o en negro, como asalariado, cuentapropista o changarín. Y pobreza laboral es el cruce de las dos cosas: ocupados que viven en hogares pobres. No mide vagancia ni falta de esfuerzo, mide insuficiencia de ingresos laborales frente al costo de vivir.
Que esto no es nuevo lo mostró Gárriz (2012) en un estudio sobre trabajadores pobres en la Argentina para el período 2003-2011, publicado en la revista Americanae. Ahí la autora advierte que la condición de pobreza no es un problema exclusivo de aquellas personas que tienen dificultades para obtener un puesto de trabajo, sino que también afecta a los ocupados, incluso a muchos empleados del sector formal. El planteo importa porque rompe la idea más repetida del debate público, según la cual la pobreza se resolvería simplemente creando empleo. Si entre 2003 y 2011, con crecimiento y con más puestos, ya había ocupados pobres, entonces el problema no era solo entrar al mercado sino a qué precio se entra y qué paga ese mercado.
Esa sospecha tiene una historia teórica más larga. La ganancia del empleador y el salario del trabajador no se mueven juntos: una puede subir mientras el otro se estanca. Y de Kurz tengo a mano la traducción portuguesa de Boaventura Antunes y André Villar Gomez de O Livro Negro do Capitalismo, de 1999, para Eichborn Verlag de Frankfurt am Main, Kurz (1999) lo plantea como programa de su libro, que anuncia capítulos sobre modernización y pobreza en masa y sobre cómo la economía de mercado empobrece (Kurz, 1999, pp. 3-4): puede haber más trabajo y más producción sin que el que trabaja viva mejor.
Por eso la pregunta que guía este texto no es cuántos desocupados hay, sino por qué trabajar ya no saca de la pobreza en la Argentina. Si el 21,6% de los ocupados está bajo la línea y hablamos de 4,5 millones de personas en esa condición, el ajuste que viene por tarifas, transporte y recortes de asignaciones y pensiones puede pegar más que el salario directo, porque ataca el ingreso total del hogar pobre que trabaja. En lo que sigue voy a recorrer ese camino en cuatro pasos: cómo se mide esa pobreza de ocupados, qué sectores concentran el golpe, cómo la desvalorización de la fuerza de trabajo explica el fenómeno mejor que la falta de empleo y qué consecuencias deja para pensar una salida[1].
La informalidad importa, pero no explica todo
Imaginá a Ramón, albañil en el Gran San Miguel de Tucumán, que trabaja por tanto para un contratista que lo llama cuando hay obra, cobra en efectivo, sin recibo, sin aportes jubilatorios y sin obra social. Imaginá también a Laura, empleada de un local de ropa en Rosario, registrada, con recibo y descuento para la jubilación, que cumple ocho horas detrás del mostrador. A fin de mes, los dos hacen la misma cuenta con la lista del supermercado y los dos quedan debajo de la línea que separa a quienes cubren la canasta básica de quienes no. La imagen sirve para ordenar la discusión de esta parte: la falta de registro pesa, y mucho, pero ya no alcanza para explicar por qué el trabajo no saca de la pobreza.
Por informalidad se entiende, en la Argentina urbana, el trabajo asalariado sin aportes al sistema de seguridad social y el trabajo por cuenta propia de baja productividad sin facturación ni protección estable. No es una elección cultural ni un atraso pasajero. Poy (2024), con microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la trata como un componente estructural del mercado de trabajo urbano, con un efecto propio sobre la pobreza que se mantiene a lo largo de dos décadas. Por estratificación ocupacional se entiende otra cosa complementaria: el ordenamiento de los puestos según el tipo de tarea, la calificación que exigen, el tamaño del establecimiento y la estabilidad del vínculo. Piñeiro (2020) propone leer la pobreza laboral desde ahí, con una tipología de posiciones económico-ocupacionales y modelos de regresión logística, es decir, cálculos que estiman la chance de ser pobre según el puesto manteniendo iguales edad, educación y familia, aplicados a la pobreza individual y a la del hogar (Piñeiro, 2020, s.p.). Su resultado para la Argentina es nítido: a igualdad de edad, educación y composición familiar, los asalariados precarios y de microempresas y los cuentapropistas de baja calificación tienen más chances de ser pobres que el resto de los ocupados.
Esa desigualdad ocupacional tiene geografía. Mario y García (2013), en la Revista de estudios regionales y mercado de trabajo, nro. 9, pp. 107-125, se proponen analizar comparativamente el impacto de la informalidad sobre la pobreza en las distintas regiones argentinas para indagar la heterogeneidad espacial de la estructura social. Para lo regional se usa su caracterización inicial de la posconvertibilidad (Mario y García, 2013, s.p.). Lo que muestran para el país entre los cuartos trimestres de 2003 y 2012 es un doble movimiento: la pobreza pasó del 49,3% al 16,9% de la población, una caída de casi el 66%, mientras la proporción de ocupados informales bajó del 50,3% al 44,7% (Mario y García, 2013, p. 2). La mejora del empleo acompañó la caída de la pobreza, pero partiendo de pisos muy distintos según la región, con interiores donde el salario registrado rinde menos y el cuentapropismo de subsistencia pesa más. El gradiente interno importa porque el mismo recibo formal no compra lo mismo en la Patagonia petrolera que en Santiago del Estero, provincia que entró en la historia reciente con el estallido de diciembre de 1993 contra el ajuste provincial.
Volvamos a Ramón y a Laura para ver por qué el borde entre lo formal y lo informal se volvió poroso. Ramón no siempre fue changarín. Cuando hay obra pública tiene semanas de 50 horas y cuando se corta queda parado y vive de arreglos chicos. Sin indemnización, sin vacaciones pagas, sin cobertura cuando se lastima la espalda, cada bache lo devuelve abajo. Laura, en cambio, tiene todos los papeles en regla. El problema es otro: su salario básico de comercio apenas cubre el alquiler y el transporte, y en su casa viven cuatro personas de un solo ingreso. Por tasa de dependencia se entiende justamente eso, cuántas bocas dependen de cada perceptor, y por prestaciones sociales se entiende el complemento que debería amortiguar esa carga, como las asignaciones por hijo o la cobertura de salud[2]. Cuando ese complemento es bajo o se recorta, un hogar formal con alta dependencia cae igual que un hogar informal. La formalidad la protege del despido arbitrario, no del precio de los alimentos.
Poy (2024) ayuda a no simplificar el vínculo. Su análisis con microsimulaciones y modelos multivariados, es decir, simulaciones con datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) que aíslan el peso propio de cada factor, encuentra que el efecto neto de la informalidad sobre la pobreza monetaria es relevante y sostenido en el tiempo (Poy, 2024, s.p.), pero advierte que la mayor parte de las inserciones informales no está directamente asociada a privaciones económicas. Ser informal aumenta el riesgo, pero no lo determina en forma automática. El riesgo se juega en la combinación entre el tipo de puesto, las características sociodemográficas de quien trabaja, la cantidad de dependientes en el hogar y la baja capacidad de protección de las prestaciones sociales. Por eso un joven solo, informal pero sin hijos a cargo, puede estar arriba de la línea, mientras una asalariada formal con tres hijos y sin otro ingreso en la casa puede estar abajo.
Hay una segunda razón para no tratar a formales e informales como dos mundos separados. Álvarez (2025), al reseñar el libro de 304 páginas publicado en Buenos Aires por PIMSA e Imago Mundi en 2022 sobre la cooperación entre el activo y la reserva de la clase obrera en la Argentina entre 1994 y 2004, retoma una distinción clásica: por un lado los asalariados ocupados, en general organizados en sindicatos y con derechos laborales consolidados, por otro las capas más empobrecidas, comúnmente llamadas desocupadas. Lo que le interesa es la articulación permanente entre ambas partes, hecha de unidad en ocasiones y de tensión, competencia o enfrentamiento en otras. Esa mirada sirve para el presente: ocupados y desocupados no forman mercados distintos, sino un mercado único donde el desocupado presiona el salario del ocupado y el ocupado sostiene al desocupado con changas, comida y techo[3]. La rebelión que empezó con el santiagueñazo y siguió después del inicio del plan de convertibilidad menemista en 1991 mostró esa unidad en la calle, cuando trabajadores con empleo y pobres sin empleo voltearon juntos un ajuste provincial.
Si la informalidad eleva la probabilidad de ser pobre pero no la explica por sí sola, si el puesto ocupado ordena el riesgo y si ocupados y desocupados se mueven como partes de una misma clase, entonces la pregunta se desplaza. Como se dijo en la introducción, el problema no es cuántos empleos en blanco faltan, sino cuánto vale la fuerza vendida cada día. En la próxima parte habrá que buscar ahí la causa: en el salario que no repone lo que el cuerpo gasta y en el ingreso total del hogar que las tarifas, el transporte y los recortes terminan de erosionar.
Lo que se hunde es el valor de la fuerza de trabajo
Conviene empezar por las palabras, porque en ellas se juega buena parte del diagnóstico. Por valorización se entiende que un capital invertido en máquinas, insumos y salarios vuelve a su dueño aumentado. Ese excedente existe porque los trabajadores producen en una jornada más valor del que reciben como pago. El salario, en esta lectura, no es un premio al esfuerzo ni el reconocimiento de un mérito. Es el precio de una mercancía peculiar, la fuerza de trabajo, que es la capacidad de trabajar que el asalariado vende por un tiempo determinado. Si ese precio baja mientras la capacidad vendida sigue siendo la misma, o incluso rinde más, hay desvalorización de la fuerza de trabajo: el capital compra lo mismo por menos. La tesis de esta sección cabe en esa frase.
La relación entre lo que se produce y lo que se paga no obedece a una ley técnica que ate el salario a la productividad, entendida como la cantidad que produce en promedio cada trabajador. Féliz y Pérez (2003), investigadores del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y de la Universidad Nacional de La Plata, recorrieron ochenta años de historia argentina siguiendo las curvas de productividad y salario real. Concluyeron que «los cambios violentos ocurridos en la distribución del trabajo social, reflejan las transformaciones en la correlación de fuerzas sociales» (Féliz y Pérez, 2003, p. 2). Que el salario suba o baje frente a la productividad depende, entonces, de quién tiene fuerza para imponer las condiciones de la venta.
El Valle de Uco, en Mendoza, permite ver ese mecanismo en un territorio concreto. Matías Berger y Elena Mingo, del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, hicieron trabajo de campo allí entre 2005 y 2010 y entrevistaron a trabajadores, empleadores y funcionarios. Describen un sector agropecuario «fuerte demandante de mano de obra, eje de innovaciones tecnológicas» (Berger y Mingo, 2012, p. 1). Junto a esa modernidad productiva, el empleo muestra «el rostro atávico de la vida económica» (Berger, 2012, p. 2). Los autores usan «desvalorización» para designar la costumbre de presentar la tarea agrícola como «un trabajo que se aprende con facilidad, poco calificado» (Berger y Mingo, 2012, p. 1). Ese sentido simbólico no coincide con el económico que se usa aquí y no se traslada sin mediación: nombra una calificación del oficio, no una baja del precio de la fuerza de trabajo. Si la cosecha se describe como una tarea que cualquiera puede hacer, cobrar poco por ella parece natural, aunque la finca que la contrata incorpore riego tecnificado y venda al exterior. Sin series de producción por trabajador y de salario real del sector, esa brecha no se mide aquí.
El caso automotriz que el dossier ofrece no es argentino, y conviene decirlo. Brais Silva (2017) estudia la fábrica del PSA Groupe en el polígono de Balaídos, en Vigo. La planta se fundó como Citroën Hispania S. A. en 1958, en el marco de la política desarrollista del régimen franquista. El título de su tesis habla de «desvalorización de la fuerza de trabajo», y su crónica discute la imagen habitual de la planta como «motor económico» y «principal fuente de empleo» de la ciudad (Silva, 2017). Lo que aquí se dice se apoya solo en ese resumen (Silva, 2017, s.p.). El resumen disponible no trae cifras de unidades ni salarios, por eso no se afirma aquí ninguna brecha cuantificada. Lo que el caso aporta es la forma del problema: una industria celebrada por su dinamismo puede sostener ese dinamismo sobre condiciones laborales que empeoran.
¿Por qué el capital empuja en esa dirección? Jaime Osorio, de la Universidad Autónoma Metropolitana, parte de la caída de la tasa de ganancia desde los años setenta del siglo XX. Esa tasa es la proporción entre la ganancia obtenida y el capital total invertido (Osorio, 2019). Para recuperarla, el gran capital recurrió, entre otras medidas, a la segmentación productiva, es decir, al reparto de las etapas de una misma cadena entre regiones con costos laborales distintos. En esa división, América Latina volvió a producir materias primas y alimentos, mientras China pasó a la plusvalía relativa, que aumenta el excedente abaratando lo que el trabajador consume. «Su contracara es la agudización de los procesos de superexplotación en nuestra región» (Osorio, 2019, p. 1)[5]. Por superexplotación se entiende el pago de la fuerza de trabajo por debajo de lo necesario para reponerla. La presión para abaratar mano de obra no es entonces una decisión local ni un error de gestión, sino una posición en el mercado mundial.
Féliz (2009) agrega un matiz importante. Llama «valorización exitosa» al ciclo argentino de 1991 a 1998 y sostiene que la devaluación de 2001-2002 fue su producto necesario, no su negación. El trabajo estudia la relación entre la determinación del tipo de cambio y la valorización del capital y sostiene que la devaluación de 2001-2002 fue producto necesario del proceso de valorización exitosa de 1991-1998 y su crisis (Féliz, 2009, s.p.). Cuanto más se valoriza el capital en un ciclo, más urgente se vuelve que cada hora cueste menos.
De ahí sale la hipótesis acotada a lo que las fuentes permiten: en los casos documentados conviven valorización exitosa y pobreza entre ocupados, sin afirmar series nacionales de salario real y producto por ocupado que no están disponibles. Si es cierta, en los mismos sectores deberían observarse tres cosas a la vez: una producción por ocupado estable o en alza, un salario real en baja y márgenes empresarios que se recuperan. Si, en cambio, los salarios cayeran sólo donde cae la productividad, la hipótesis quedaría refutada y el problema volvería a ser de crecimiento. El salario directo, sin embargo, es sólo una parte del precio de la fuerza de trabajo[6]. La otra parte la cubren las tarifas reguladas, el transporte, la salud y la educación públicas, la Asignación Universal por Hijo y las pensiones. La sección siguiente pone a prueba la hipótesis en ese terreno, el del salario indirecto, donde el ajuste recorta sin tocar el recibo de sueldo.
El ajuste que no pasa por el recibo de sueldo
En una casa de Remedios de Escalada el recibo dice lo mismo en marzo que en octubre y, sin embargo, en octubre la casa ya es pobre. El varón trabaja registrado en logística, con el sueldo depositado sin interrupciones. La compañera cobra la Asignación Universal por Hijo, que es una transferencia mensual por cada hijo que paga el Estado a trabajadores sin registración o con ingresos bajos, y la abuela aporta su jubilación mínima al fondo común. Entre un mes y otro no hubo despidos ni recortes de horas. Lo que cambió fue afuera del recibo: la factura de luz con el cuadro estacional de invierno, la de gas con el nuevo precio en boca de pozo y el colectivo para llegar al depósito. Cada aumento se llevó una porción del ingreso total sin tocar el salario. Sin cuadros y liquidaciones con fecha y número a la vista, ese desplazamiento no se mide aquí peso por peso: con igual sueldo nominal, el poder de compra del hogar cae por el costo de sostener la vida.
Conviene llamar a cada parte por su nombre. Salario directo es lo que paga el empleador y aparece en el recibo, con aportes y descuentos. Salario indirecto es lo que el trabajador recibe por otra vía para poder vivir y volver a trabajar al día siguiente: la luz y el gas con tarifa regulada, el boleto con subsidio, la escuela y el hospital públicos, la AUH y la jubilación de un familiar que convive. Esa segunda parte no es ayuda ni complemento. Es parte del precio que cuesta mantener disponible una capacidad de trabajar. Cuando el Estado baja el subsidio a la energía, libera el boleto o licúa una transferencia, está bajando ese precio aunque la paritaria firme un aumento. Por eso la discusión pública que mira sólo el porcentaje acordado en cada gremio deja fuera la mitad del problema. Si los servicios y el transporte suben por encima del salario, el aumento nominal se evapora y eso decide si la casa cruza o no la línea de pobreza.
Ese descalce tiene una lógica práctica. La paritaria se negocia por sector, una o dos veces al año, y queda fijada en el papel. El gasto cotidiano se mueve todos los meses y golpea parejo, tenga la persona convenio fuerte o flojo. Un hogar con dos salarios registrados puede perder más por la quita de subsidios que lo que gana en la negociación colectiva, porque gasta más en servicios y viaja más lejos. Un hogar con un solo ingreso registrado y refuerzos de AUH y jubilación es todavía más sensible, porque la transferencia que se congela vale lo mismo que un recorte. Mirar sólo el empleo registrado ordena el mapa por papeles y deja sin explicar por qué cae gente que no perdió el trabajo. La pobreza que crece con ocupación estable no es un misterio estadístico, es el resultado de ese descalce entre un ingreso que se mueve lento y un costo de vida que se mueve rápido.
Ese descalce no salió de una decisión aislada. Después de la crisis de 2001-02, que Soto (2013a) toma como punto de quiebre, la Argentina recompuso su esquema de crecimiento con continuidades y rupturas respecto del neoliberalismo previo. El Estado volvió a intervenir en precios, servicios y transferencias, y esa intervención sostuvo durante años una parte del salario indirecto. Piva y Pérez Roig (2025) describen ese período 2002-2015 como una metamorfosis de la forma estatal, donde la relación entre Estado y acumulación pasó a jugarse adentro mismo de los poderes estatales (Piva y Pérez Roig, 2025, p. 2). El caso que estudia para mostrar los límites de esa transformación es la nacionalización parcial de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), publicado en el número 46 del Latin American Historical Almanac de 2025, en la página 176 (Piva y Pérez Roig, 2025, p. 2). La energía volvió al centro con la nacionalización parcial de Yacimientos Petrolíferos Fiscales que estudian Piva y Pérez Roig (2025, p. 2), sin que el extracto disponible permita afirmar nada sobre tarifas accesibles ni base fiscal.
Cuando cambiaron las condiciones externas, ese esquema mostró su costado más frágil. Santarcángelo (2016) analiza los efectos de la crisis global sobre la acumulación en la Argentina (Santarcángelo, 2016, s.p.). Sin financiamiento holgado, el costo de sostener subsidios se volvió difícil de cubrir y el ajuste tendió a trasladar el costo al hogar. Kurz (1999) anuncia en su índice capítulos sobre modernización y pobreza en masa y sobre cómo la economía de mercado empobrece (Kurz, 1999, pp. 3-4), programa que aquí se usa solo en ese alcance. Bajar el subsidio es una forma de abaratar para el capital lo que cuesta sostener a la población sin pagarle más salario.
Por eso, hasta octubre de 2025, el ajuste pega más por afuera del recibo que por adentro, sin afirmar hechos posteriores a las notas citadas. Congelar una paritaria genera conflicto visible, con delegados, cámaras y ministerio. Recortar por tarifa y por transferencia dispersa el costo en millones de facturas y liquidaciones individuales, sin un responsable a la vista. El hogar de Escalada lo vive como mala suerte privada, cuando es una política de reparto del costo. Mientras el salario directo se discute en porcentajes, el salario indirecto se define en resoluciones técnicas que casi nadie lee. Ahí se juega ahora la pobreza de quien trabaja: no en si tiene o no empleo, sino en cuánto de su jornada se va en pagar la luz, el gas y el viaje, y en cuánto de lo que recibe por sus hijos o por su madre pierde valor cada mes[8].
Ni más empleo ni precios estables nos salvan
Si el diagnóstico de las secciones anteriores es correcto, hay una conclusión incómoda para oponer a dos promesas muy distintas. Ni crear más puestos ni ordenar los precios alcanzan cuando lo que falla es la manera en que el trabajo cuenta como valor. Esta última parte se ocupa de esa discusión. Primero aclara tres palabras difíciles, después arma la mejor versión posible de esas dos salidas y les reconoce lo que explican, para finalmente mostrar por qué dejan intacta la pobreza de quien ya tiene empleo.
Por trabajo abstracto se entiende el tiempo de trabajo humano general que el mercado usa para comparar tareas distintas como coser, manejar o programar. Ese tiempo vuelto medida social es el trabajo abstracto. No lo ves, pero decide si lo que hacés se puede vender y a qué precio. La forma valor es el modo en que esa medida se presenta, el precio, el salario, el dinero que parece una cosa neutra y en realidad expresa una relación entre personas que trabajan unas para otras sin haberse puesto de acuerdo. Y la crisis, en este lenguaje, no es una caída pasajera de la actividad, sino el desgaste de esa medida. Cada vez se necesita menos tiempo vivo para hacer cada cosa, y sin embargo seguimos obligados a vivir de vender tiempo vivo.
Ese es el lente que propone la crítica del valor, conocida en alemán como Wertkritik. Postone (2017) la formula de manera directa en su texto The Current Crisis and the Anachronism of Value: A Marxian Reading, disponible en el repositorio de la University of Canterbury. Allí sostiene que en el capitalismo maduro manda una dominación de las personas por el tiempo, por una temporalidad históricamente específica, y que la dinámica empuja la creación de valor hacia adelante mientras vuelve a ese valor cada vez más anacrónico. Producimos con cada vez menos trabajo necesario y al mismo tiempo exigimos que la vida se sostenga vendiendo trabajo necesario. La salida de largo plazo que Marx imaginaba, la autoabolición del proletariado y no su realización, aparece hoy invertida como trabajo sobrante, desempleo y precariado. Kurz (1999) plantea el mismo proceso como programa de su libro, que anuncia capítulos sobre modernización y pobreza en masa y sobre la economía de mercado que empobrece (Kurz, 1999, pp. 3-4). La idea de que hubo siempre economía queda relativizada por su lectura de Le Goff, para quien el concepto de economía como esfera separada recién aparece en el siglo XVIII (Kurz, 2012, s.p.). Si la economía no es eterna, tampoco lo es la forma en que medimos el trabajo.
El valor no es horas de reloj: es la forma que toma la lucha por imponer cuánto vale el tiempo ajeno.
Armemos ahora la mejor versión del rival distributivista, entendido como la recomposición neodesarrollista que describe Soto (2013a). En su formulación más seria, dice que si el Estado crea empleo registrado, sostiene obra pública y empuja paritarias por encima del costo de vida, la masa salarial se recupera y la pobreza baja aunque la productividad cambie poco (Soto, 2013a, s.p.). Tiene a su favor un mecanismo visible. Cuando un municipio contrata cuadrillas para mantenimiento urbano o un programa nacional financia cooperativas de construcción, el ingreso llega rápido a hogares que consumen en el barrio. Lo que explica bien es el piso. Frente a una caída del consumo, frena la hemorragia y evita que el desempleo abierto discipline todo lo demás. Su punto ciego aparece cuando esos puestos pagan por debajo de la canasta. Pensá en un operario de un taller de costura en Flores que pasa de changas a un empleo formal de jornada completa y aun así no cubre el alquiler de una pieza, el subte y la comida de tres personas. Hay más empleo y el mismo hogar sigue pobre porque el valor reconocido a su hora bajó más rápido que su contratación.
La mejor versión del programa de estabilización, entendido como la salida por disciplina fiscal y cambiaria que discute Féliz (2009) para la valorización del capital, dice lo contrario. Si se ordena lo fiscal, se deja de emitir y se liberan precios relativos, la inflación cae, el salario real deja de erosionarse y la inversión vuelve. Su aporte es frenar la erosión nominal. Una inflación alta licúa cualquier aumento nominal y castiga a quien no puede remarcar. El problema es que bajar la inflación no devuelve automáticamente lo perdido. Imaginá una empleada de comercio en Rosario que mantiene su puesto durante todo el proceso de desinflación. Su sueldo deja de perder contra los precios mes a mes, pero la luz, el gas y el colectivo ya dieron el salto y la asignación que cobra por sus hijos quedó atrás. El índice mensual mejora y su heladera sigue igual. Ese desacople no se fecha aquí mes por mes porque el material reunido no trae series del Banco Central con fecha y página. Como la economía como esfera separada aparece recién en el siglo XVIII según esa lectura de Le Goff que retoma Kurz (2012, s.p.), la estabilidad monetaria no se trata aquí como ley natural.
Los dos casos muestran el mismo límite por lados opuestos. El plan que suma ocupados pobres confirma que el empleo puede crecer con salarios que no reproducen una vida. La desinflación que no saca a nadie de la pobreza confirma que frenar los precios no repone el valor perdido de la hora trabajada. El capital puede recuperar su margen ahorrando en todo salvo en pagar mejor la hora, y eso es compatible con más producción por ocupado.
Queda el límite propio de esta hipótesis. Decir que manda la crisis del trabajo abstracto no explica por sí solo por qué un sector ajusta por tarifa y otro por salario, ni cuánto tarda cada hogar en caer bajo la línea. Tampoco dice cómo debería organizarse el trabajo social para salir de esa medida, sólo que sin discutir esa organización la pobreza laboral se reproduce aunque haya crecimiento y aunque haya orden monetario. Sería un avance listar qué evidencia podría refutarla. Si durante tres años seguidos el salario real de ocupados pobres subiera a la par de la productividad por ocupado mientras las tarifas y las transferencias se mantienen constantes en términos reales, y la tasa de pobreza entre ocupados cayera de forma sostenida, la hipótesis quedaría en problemas[10]. Si en cambio el empleo y la actividad repuntan y la pobreza ocupada persiste, la explicación por falta de trabajo o por desorden de precios pierde fuerza.
Notas
[1] La medición oficial por ingresos que suele citarse para cada semestre [dato a verificar] no integra el dossier reunido para este artículo, que se limita a las notas de octubre de 2025 y al trabajo sobre 2003-2011; por eso las cifras de esta sección son esas y no una serie completa.
[2] Por prestaciones sociales se entiende aquí el conjunto de transferencias y coberturas ligadas al empleo o a la asistencia, como asignaciones familiares y jubilaciones, cuya capacidad de compensar la alta dependencia del hogar es limitada según Poy (2024).
[3] La reseña apareció en Travesía, Revista de historia económica y social, Vol. 24, Nro. 2, de julio-diciembre de 2022, pp. 189-193, y sintetiza una investigación del Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina, fundado en 1993 desde la tradición del Centro de Investigación en Ciencias Sociales.
[4] El capítulo se publicó en el volumen compilado por Robert Boyer y Julio César Neffa, La economía Argentina y su crisis (1976-2003): Análisis institucionalistas y regulacionistas, Buenos Aires, Miño y Dávila / CEIL-PIETTE del CONICET, pp. 175-220. El texto lleva fecha de mayo de 2004, aunque la clave del dossier lo registra en 2003 (Féliz, 2003).
[5] El artículo figura en Revista Economía, vol. 67, n.º 105, y fue aceptado el 21 de abril de 2015. Se lo cita con la clave del dossier (Osorio, 2019).
[6] La distinción entre salario directo e indirecto no aparece con esos términos en las fuentes aquí reunidas. Se usa como herramienta expositiva, y su respaldo empírico queda para la sección siguiente.
[7] Nota eliminada.
[8] El ejemplo de Remedios de Escalada es ilustrativo y no se apoya en cuadros con fecha y número, que no figuran en el dossier.
[9] El argumento sobre el ahorro empresario no se mide aquí para la Argentina actual, cuya serie salarial completa no está en el dossier.
[10] La prueba exige series comparables de salario real, producto por ocupado y canasta básica con la misma metodología, condición que el material disponible no cumple y que se formula como criterio futuro.
Referencias
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Cover image: Villa Miseria Ingeniero Budge, Stevenochs, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons.
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