En el marco de las reformas a la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita-LFPIORPI en 2026, una novedad importante es el aumento de la vigilancia y supervisión sobre las operaciones de fintech y activos virtuales. Este ajuste regulatorio busca fortalecer la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en este ámbito.
Concretamente, se modifica la definición de entidades financieras para incluir a las instituciones que ofrecen servicios de pago y transferencia de fondos a través de plataformas digitales, como los criptomonederos y las exchanges virtuales. Esto significa que estas entidades deben cumplir con las mismas regulaciones y requisitos que los bancos tradicionales en cuanto a la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Las implicaciones prácticas son importantes para los sujetos obligados, ya que deben:
- Implementar medidas de vigilancia y supervisión efectivas sobre las operaciones de sus clientes, incluyendo la verificación de la identidad y la fuente de los fondos.
- Desarrollar y mantener sistemas de control interno para detectar y prevenir operaciones sospechosas.
- Realizar reportes y declaraciones ante las autoridades correspondientes, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
En este sentido, la implementación de tecnologías de Inteligencia Artificial (IA) y Aprendizaje Automático (ML) como las ofrecidas por plataformas SaaS como TarantulaHawk.ai, puede ser un aliado valioso para los sujetos obligados. Estas herramientas pueden ayudar a automatizar la vigilancia y supervisión, mejorar la precisión en la detección de operaciones sospechosas y optimizar los procesos de reportes y declaraciones ante las autoridades.
Es importante destacar que la implementación responsable de IA y ML en el ámbito del PLD requiere un enfoque ético y transparente, que considere no sólo la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, sino también la protección de la privacidad de los clientes y la resolución de controversias de forma justa y objetiva.
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