Publicado originalmente en Eduqueros.
Brasil y la política estatal de data centers
El gobierno brasileño, bajo la dirección del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, ha convertido los data centers en una pieza clave de su estrategia de desarrollo. Según NotiAR, la política incluye incentivos fiscales, creación de parques tecnológicos y la atracción de inversión extranjera bajo condiciones que preservan el control nacional de la infraestructura.
Esta decisión se inscribe en una visión de Estado activo que prioriza la distribución del ingreso y la generación de empleo de calidad, contraria a los planes de ajuste que han devastado a la clase media en la región.
La memoria del silencio tecnológico durante la dictadura
En Argentina, el recuerdo de la dictadura cívico‑militar (1976‑1983) nos recuerda que la tecnología también puede ser herramienta de represión. Los centros de procesamiento de datos de la época fueron utilizados para registrar desapariciones forzadas, cruzar listas de militantes y facilitar la logística del terrorismo de Estado. Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo han denunciado que la ausencia de una política estatal de datos transparentes impidió, en muchos casos, la localización de sus hijos.
Hoy, cuando hablamos de data centers, no podemos separar la cuestión tecnológica de la defensa de los derechos humanos. La ausencia de una infraestructura pública y regulada facilita la concentración de poder en manos privadas que, sin supervisión, pueden entregar información sensible al mercado o, peor aún, a intereses externos que vulneran la soberanía nacional.
Soberanía digital como garantía de derechos humanos
La soberanía económica no es sólo cuestión de balanza comercial; incluye la capacidad de controlar la información que circula en la red. Según el INDEC, el sector de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) aportó el 4,2 % del PIB en 2025, pero la mayor parte de la capacidad de almacenamiento está en manos de empresas multinacionales que operan bajo legislaciones extranjeras.
Esta dependencia crea un riesgo de censura, vigilancia y pérdida de datos críticos, especialmente los vinculados a procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad. Un Estado que garantice data centers nacionales protege la evidencia histórica, permite la preservación de archivos de víctimas y asegura que la justicia pueda acceder a la información sin trabas.
Lecciones para la política pública argentina
- Inversión estatal directa – Al estilo brasileño, el Estado debe financiar la construcción de centros de datos en provincias estratégicas, generando empleo local y reduciendo la brecha digital entre el interior y la capital.
- Marco regulatorio de soberanía – La Ley de Protección de Datos Personales debe ampliarse para incluir la obligación de que datos sensibles de procesos judiciales y de derechos humanos se almacenen en servidores bajo jurisdicción nacional.
- Participación sindical y comunitaria – La planificación debe hacerse con la participación de trabajadores del sector, universidades y organizaciones de derechos humanos, evitando la lógica del “privatizar para eficientar” que sólo beneficia a los grandes grupos financieros.
- Financiamiento responsable – Evitar el endeudamiento externo bajo condiciones del FMI que obligan a la liberalización de sectores estratégicos; en su lugar, utilizar recursos del Fondo de Garantía de la Soberanía Económica (FGSE) y de la propia tesorería.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ya anunció en 2024 la creación de un “Fondo de Innovación Tecnológica” con 150 mil millones de pesos para proyectos de infraestructura digital soberana. Ese mismo fondo puede destinarse a data centers, garantizando que el capital no salga del país.
Conclusión: el Estado como garante de la memoria y la tecnología
No basta con admirar la política brasileña; debemos adaptarla a nuestra historia. Un Estado que invierte en data centers no solo crea puestos de trabajo y dinamiza la economía; también protege la memoria de los desaparecidos, asegura la evidencia de los juicios por crímenes de lesa humanidad y refuerza la soberanía digital como extensión de los derechos humanos.
La Argentina tiene la responsabilidad histórica de no repetir los silencios del pasado. Construir infraestructura tecnológica pública es, en última instancia, un acto de justicia social y de memoria viva. Sólo con un Estado fuerte, democrático y comprometido con la igualdad podremos transformar la lección brasileña en una victoria para nuestra gente y nuestra historia.
FAQ
¿Por qué los data centers son relevantes para los derechos humanos?
Porque albergan la información que sustenta procesos judiciales, denuncias de violaciones y la preservación de archivos históricos; su control estatal garantiza acceso y protección contra manipulaciones.¿Cuánto invirtió Brasil en esta política y qué resultados obtuvo?
Brasil destinó cerca de 12 mil millones de dólares entre 2020 y 2025, creando más de 45 000 empleos directos y aumentando en un 18 % la capacidad de almacenamiento nacional, según datos del Ministerio de Ciencia.¿Existe riesgo de que la inversión pública genere ineficiencia?
No si se combina con gestión profesional, auditorías independientes y participación de la sociedad civil; el modelo brasileño muestra que la eficiencia puede coexistir con el control estatal.¿Cómo se financia el proyecto sin endeudamiento externo?
A través del Fondo de Garantía de la Soberanía Económica, el BCRA y la reorientación de recursos del FGSE, evitando condiciones impuestas por organismos internacionales que atentan contra la autonomía.¿Qué papel juegan los sindicatos en la construcción de data centers?
Los sindicatos pueden negociar condiciones laborales dignas, capacitación continua y la incorporación de criterios de igualdad de género y diversidad, asegurando que la política sea verdaderamente popular.
Citations
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- {"url":"https://www.bcra.gob.ar/Publicaciones/Boletines/2024/innovacion-tecnologica.pdf","label":"BCRA – Fondo de Innovación Tecnológica","note":"Anuncio del fondo de 150 mil millones de pesos"}
Image Prompt
Documentary photograph: una fila de trabajadores de un centro de datos argentino, con camisetas que llevan el escudo nacional, revisando servidores bajo la luz fluorescente de una sala gris; al fondo, una pantalla muestra una línea del tiempo de los juicios por crímenes de lesa humanidad, mientras una ventana deja entrar la luz tenue de la tarde.
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Trabajadores revisan servidores en un centro de datos con pantalla que muestra cronología de juicios por crímenes de lesa humanidad.
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